Enfrenta Biden dilema con muro fronterizo

Redacción

El Gobierno de Estados Unidos ha estado tratando de tomar el terreno de Pamela Rivas para un muro fronterizo desde que Joe Biden era vicepresidente.

Desde un barranco lleno de maleza, Rivas puede ver México al otro lado a través del Río Grande (Bravo). Pasó su niñez pescando en el río. El Gobierno quiere dividir la propiedad con vallas de metal que le impedirían llegar al agua, pagándole sólo por la franja de tierra donde se construiría el muro. Mientras tanto, el terreno está bajo vigilancia constante de agentes fronterizos que cruzan sin autorización.

“Llevamos en la corte 12 años”, dijo Rivas. “Es devastador. Esta es la herencia de mi familia”.

Tan pronto entre a la Casa Blanca en enero, Biden enfrentará una presión inmediata de cumplir su promesa de detener la construcción del muro fronterizo.

Pero también tendrá que tomar duras decisiones que le dejará el presidente Donald Trump, cuya Administración ha acelerado los esfuerzos de construcción en el suroeste de EU en sus semanas finales, así como el escepticismo sobre su propio historial con los muros fronterizos.

Como senador, Biden votó a favor e la Ley de Valla Segura para tomar tierras privadas en 2006. Y como Vicepresidente de Barack Obama, el Gobierno avanzó con demandas contra los terratenientes fronterizos. Bajo esa ley, hasta 2011, se completaron aproximadamente mil 50 kilómetros de muro.

En el Valle del Río Grande del sur de Texas, donde Rivas y decenas de terratenientes luchan contra el muro, Obama construyó más metros que Trump.

“Somos un poco menos ingenuos que la última vez”, dijo Ricky Garza, abogado del Texas Civil Rights Project, una organización sin fines de lucro, que representa a Rivas y otros terratenientes.

“Lo que vimos hace 10 años fue un fracaso en priorizar la frontera como un lugar importante donde se estaban aplicando las políticas”.

Biden heredará una iniciativa masiva de construcción del muro que se aceleró en el último año de Trump.

Equipos de trabajo están dinamitando a través de montañas y destruyendo cactus y parte del hábitat en Arizona y Nuevo México.

Casi toda la construcción del muro de la Administración Trump se ha realizado en refugios de vida salvaje y territorios de nativos que ya pertenecen al Gobierno de EU. Aunque el trabajo se considera como “reemplazo” de barreras viejas, el personal está removiendo pequeñas vallas para vehículos e instalando postes de metal e iluminación que son mucho más restrictivos.

El Gobierno de Trump afirma que ha completado 644 kilómetros de muro y se comprometió a llegar a los 725 para finales de este año. Y ha firmado contratos para cientos de kilómetros más. Más de dos docenas de proyectos están en marcha y se han firmado contratos con al menos cinco empresas constructoras, por un total de 7 mil millones de dólares, según cifras del Gobierno.

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EU, que supervisa la construcción pagada con fondos militares redirigidos por Trump con base en una declaración de emergencia nacional, “no especulará sobre las acciones que la administración puede o no tomar” y “espera que los contratistas continúen trabajando según lo estipulado en sus contratos”, dijo el portavoz George Jozens en noviembre.

Tras las elecciones, el Departamento de Justicia ha seguido demandando a los propietarios de terrenos en Texas, con varios casos nuevos por semana. Ha enfrentado los mismos obstáculos que las administraciones anteriores al tratar de determinar a quién demandar. Algunas propiedades tienen decenas de herederos potenciales repartidos por todo el país.

La semana después de las elecciones, el Gobierno demandó a Minnie Saenz, una viuda de 78 años que estaba con su hijo cuando se enteraron de la demanda por parte de AP.

“Tienen prisa, no prisa por pagar, pero sí por construir”, dijo su hijo, Leonel Saenz Jr.

Será difícil para Biden detener estos asuntos de inmediato.

En agosto se comprometió a construir “ni un metro más” del muro fronterizo y dijo que “retiraría las demandas”.

Una portavoz del equipo de su equipo de transición, Jennifer Molina, dijo en un comunicado esta semana que el virtual Presidente electo pondría fin a la declaración de emergencia nacional de Trump e “invertiría en soluciones reales” en la frontera, tales como “esfuerzos de control fronterizo inteligente” e “inversiones en mejorar la infraestructura de control” en los puertos de entrada oficiales.

Molina no dio detalles sobre cómo Biden implementaría la detención de la construcción del muro.

Detener de lleno el trabajo podría obligar a los equipos a dejar los proyectos a medio terminar y abandonar el acero y el concreto ya comprados. Pero permitir que se terminen algunas obras hasta bien entrado el 2021 podría arrastrarle críticas a Biden por violar su promesa.

Su eventual Gobierno podría ejercer cláusulas de rescisión en los contratos. Pero los contratistas podrían entonces buscar acuerdos bajo las reglas federales, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. No está claro cuánto podrían costar esos acuerdos porque el gobierno no ha hecho públicos los contratos.

La retórica antimigrante de Trump sobre la construcción de un muro oscureció lo que alguna vez fue un consenso partidista sobre seguridad fronteriza, que es bien ilustrado por el voto de Biden a favor de la Ley de Valla Segura.

Obama y George W. Bush levantaron vallas en la línea divisoria con México y agregaron agentes a la Patrulla Fronteriza, así como torres de vigilancia, dirigibles, helicópteros y otras tecnologías.

Algunos residentes y activistas fronterizos aseguran que la detención del muro debería traer también una reversión de esa estrategia, que llaman “militarización” de las zonas fronterizas.

Argumentan que el Gobierno debería redirigir el dinero a la salud pública y la infraestructura, especialmente teniendo en cuenta cómo el coronavirus ha devastado las comunidades de la frontera.

“No debemos quedarnos atrapados y estancados en esta idea de que debemos sellar la frontera de alguna manera”, dijo Garza del Texas Civil Rights Project.

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