Rogelio Sánchez
Las poco más de 17 denuncias realizadas por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos-Puebla-Tlaxcala (FPDTA), sobre violaciones a los derechos de los pueblos indígenas quienes están en contra del Proyecto Integral Morelos (PIM), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), intervino en contra del Gobierno Federal para exigir resguardo a los ejidatarios y sea revisado dicho proyecto por el impacto ambiental que implica así como sean revisadas de nueva cuenta las denuncias y amparos interpuestos y que la CFE negó en su existencia.
Será este lunes cuando el Estado Mexicano haga cumplir la entrega de información sobre las violaciones denunciadas en la implementación del PIM, así como sus observaciones sobre la solicitud de medidas cautelares de las 17 comunidades y ejidos que las requirieron, así como las medidas que el Estado estaría implementando para proteger la vida e integridad física de las personas propuestas como beneficiarias del proyecto, entre otras.
Lo anterior con relación a lo ocurrido en diversas fechas con el desalojo de campamentos a resguardo de ejidos en Ayala, Morelos, el ejido de Amilcingo y de la comunidad de Huexca por el impacto del PIM en la disminución de caudales de riego y la contaminación del Río Cuautla con aguas de la purga de la termoeléctrica.
“Las 17 comunidades y ejidos congregados en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala y Ejidos de Ayala en Defensa del Agua, denunciaron las mentiras que el Presidente de la República y CFE realizaron previo al desalojo del plantón al señalar que todos los amparos estaban resueltos cuando no es así y existen suspensiones que pesan sobre el proyecto, así como los actos de intimidación que en asambleas y de manera personal han sufrido diversos integrantes de estas agrupaciones…”, declara la CIDH en un comunicado.
Asimismo, las organizaciones solicitaron a la CIDH medidas cautelares para que se garantice el derecho a la libre manifestación, protesta, organización y reunión pacífica, el retiro de la Guardia Nacional y se generen condiciones de libertad y seguridad, así como la suspensión del PIM; así como exigieron la imparcialidad del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos y al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito.
