Redacción
Ocho altos mandos de la disuelta guerrilla de las FARC fueron imputados por crímenes de guerra y lesa humanidad relacionados con el secuestro de más de 21 mil personas, anunció ayer el sistema de justicia surgido del histórico acuerdo de paz en Colombia.
La decisión vincula a la cúpula de las extintas FARC: Rodrigo Londoño Echeverry, quien dirige el partido político creado tras la firma de la paz; los congresistas Julián Gallo y Pablo Catatumbo y otros exjefes como Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel, Juan Ermilo Cabrera, Jaime Alberto Parra y Rodrigo Granda Escobar.
“Privar a las personas de su libertad, y condicionar su liberación fue un crimen de guerra, específicamente el de toma de rehenes”, agregó la magistrada Julieta Lemaitre. El tribunal imputó a los exlíderes de la guerrilla “otros crímenes de guerra relacionados con el trato a los secuestrados, como homicidio, tortura, tratos crueles, atentados a la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado”.
“Fueron crímenes de lesa humanidad cuando tuvieron la intención (…) de atacar de manera sistemática y generalizada a la población civil”, enfatizó Lemaitre. Según el documento de imputación, entre 1990 y 2016 la guerrilla secuestró a 21 mil 396 personas, “número sensiblemente más alto que el conocido hasta ahora”. La Justicia Especial para la Paz (JEP) dijo que tienen responsabilidad de mando por los vejámenes que sufrieron los secuestrados. La decisión más importante tomada por la JEP desde su creación, en 2017, se da tras conocer las versiones de 257 excombatientes y contrastarlas con las de más de mil víctimas de secuestro e informes de la fiscalía, entre otros.
La cúpula de las extintas FARC tendrán 30 días para responder a la decisión y en caso de que haya reconocimiento de los hechos y verdad tendrán una pena alternativa que será determinada en acuerdo con las víctimas, pero si la justicia especial encuentra que los exrebeldes están ocultando hechos podrán ir a la cárcel. Los excomandantes informaron que no se pronunciarán respecto a la decisión judicial hasta tanto sus abogados la analicen y definan la posición.
