Redacción

Imagina que para conseguir una tarjeta SIM con la que usar tu celular tuvieras que permitir a la compañía telefónica el registro de datos tan personales como tus huellas dactilares, las facciones de tu rostro o el iris de tus ojos.

En México ya es una realidad, al menos oficialmente, desde el pasado sábado: ese día entró el vigor el decreto con el que se creó el llamado Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.

El ambicioso objetivo de esta base de datos es recopilar la información -incluidos los datos biométricos- de los propietarios de las 126 millones de líneas de telefonía que existen en el país.

La finalidad del padrón, según el gobierno, es que esta información ayude a las autoridades para evitar la comisión de delitos como extorsiones telefónicas o secuestros.

“Se usan estas tarjetas que eran anónimas, se cambiaban de chips y se utilizaban los teléfonos para cometer ilícitos”, puso como ejemplo la semana pasada el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

“Entonces, nada más es tener un registro para cuidar a la población, es un asunto de seguridad”, defendió.

Sin embargo, como era de esperar, la nueva norma provocó una multitud de protestas por considerar que vulnera la privacidad e incluso la seguridad de los usuarios, quienes ya han anunciado una lluvia de recursos judiciales para conseguir suspender la iniciativa.

De hecho, un juez dio este martes el primer revés a la iniciativa al admitir el amparo interpuesto por un particular y conceder una suspensión provisional a la reforma para que este usuario no se vea afectado, al menos de momento, por los requisitos del padrón.