Ulises Ávila

Por mayoría de votos, los diputados de la 63 legislatura aprobaron la iniciativa que ordena al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Fernando Bernal Salazar, comparecer ante el Poder legislativo local.

Esto, derivado de 5 irregularidades que se hallaron en el Poder judicial local que Bernal Salazar deberá aclarar en sesión privada.

Las dos anomalías iniciales, tienen que ver con juicios propuestos en el TSJE, el primero en contra de diversos actos emitidos por el Congreso del Estado respecto de la designación de magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado; y el segundo, para que el ex presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Víctor Manuel Cid del Prado Pineda, se mantuviera en el poder.

El tercer punto detalla que, Bernal Salazar cometió omisión ante las acusaciones que hubo contra el magistrado, Leonel Ramírez Zamora, quien actualmente funge como integrante del Consejo de la Judicatura sin haber cumplido con los requisitos establecidos en la Constitución Federal, la Constitución Local y la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En sesión extraordinaria, los diputados acordaron que la designación de Ramírez Zamora como Consejero de la Judicatura vulneró lo establecido en los artículos 95, fracción 3 y 116, fracción 3, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 83, fracción III y 85 fracción V de la Constitución Política del Estado, y los numerales 4 y 64 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.

El cuarto punto tiene que ver con la violación a diversas disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera y el impacto negativo a las finanzas del Poder Judicial, a partir del incremento del incremento desproporcionado de la plantilla de trabajadores del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala después del incremento de la partida al capítulo mil, de servicios personales.

El quinto punto que se abordará la mañana de este viernes en la Sede del Palacio Legislativo, está relacionado con un presunto abuso de funciones y acto de corrupción por el nombramiento o contratación indebida del Juez Alejandro Pereda Vega.