Redacción

El secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, aseguró que el combate a la corrupción en México, alcanzó ya el punto de inflexión. Al comparecer como parte de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno, sostuvo que lo anterior se deriva del trabajo decidido por parte de todas las dependencias de gobierno, entre ellas, la Secretaría de la Función Pública (SFP).

“Los esfuerzos de los ciudadanos, de la sociedad civil organizada y de la política gubernamental contra la corrupción y la impunidad están dando resultados positivos; se ha alcanzado ya el punto de inflexión. Por supuesto, no estamos satisfechos con la situación; pero el combate contra estos flagelos ha arreciado y confiamos en que seguiremos avanzando”, detalló en la Cámara de Diputados.

Salcedo Aquino rindió cuentas ante las comisiones unidad de Transparencia y Anticorrupción, presidida por Juan Carlos Romero Hicks (PAN), y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, a cargo del priista Guillermo Angulo Briceño. En su intervención inicial destacó que mediante visitas de control, la SFP acompañó, de septiembre de 2020 a agosto de 2021, a 20 de los 35 programas y proyectos prioritarios del Gobierno Federal, con el objetivo de prevenir irregularidades e identificar áreas de oportunidad.

“Este acompañamiento significó una cobertura del 74%, esto es, 400 mil millones de pesos, de los 542 mil asignados”.

Informó que en el periodo mencionado se dictaminaron los estados financieros de 353 entidades y 16 proyectos financiados por Organismos Financieros Internacionales, además de 8 fideicomisos en proceso de extinción; “el universo de los recursos que se dictaminaron fue de 12 billones de pesos”.

El funcionario federal señaló que en el combate a la impunidad se sancionó a 155 licitantes y proveedores con multas en conjunto por 154 millones de pesos, “300% superiores a las del periodo anterior”, siendo las faltas más recurrentes las de proporcionar información falsa, actuar con dolo en los procedimientos de contratación, e incumplir obligaciones contractuales.

Respecto de los procedimientos de responsabilidad administrativa, señaló que el universo fue de 9 mil expedientes, de los que 5 mil 800 se resolvieron y 3 mil continúan en sustanciación. Asimismo, destacó que se impusieron 3 mil sanciones administrativas a 2 mil 467 servidores públicos, las cuales consistieron en mil 351 inhabilitaciones, 705 amonestaciones públicas y privadas, 599 suspensiones y 216 destituciones, además de 219 sanciones económicas por un monto de 3 mil 658 millones de pesos.
Añadió que la SFP presentó 134 denuncias de hechos ante la Fiscalía General de la República por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito, ejercicio indebido del servicio público, uso indebido de atribuciones y facultades, y falsificación de documentos; ilícitos vinculados, en su mayoría, con adquisiciones de bienes y servicios, y obras públicas.

La comparecencia continúa en este momento con un apartado de preguntas y respuestas.