Redacción

Tras un intenso debate, la Cámara de diputados y el Senado aprobaron este martes un decreto enviado por el gobierno de Sebastián Piñera que permite extender el estado de emergencia en la zona sur del país.

La medida permite que lasfuerzas armadas sigan por otros 15 días a cargo de las labores de seguridad en las regiones del Biobío y La Araucanía, a unos 600 kilómetros al sur de Santiago, donde se han registrado incidentes violentos en el marco del conflicto mapuche.

Piñera decidió declarar el estado de emergencia por primera vez el 12 de octubre “por grave alteración al orden público”, el cual se extendió por 30 días. Pero para prorrogarlo, el presidente necesitaba la aprobación del Parlamento.

Así, con los votos favorables de la oposición, los más de 2 mil efectivos del ejército —apoyados por carros Mowag, helicóteros Cougar, aviones y buques para operativos marítimos— continuarán con sus labores en el área.

De los casi 145.000 participantes que votaron en una consulta ciudadana no vinculante realizada de forma electrónica entre el viernes 5 y el domingo 7 de noviembre en la región de La Araucanía, el 81.56% dijo estar a favor de mantener la medida.

Opiniones antagónicas

Parte de las raíces del centenario conflicto mapuche tienen que ver con la pérdida de tierras de este pueblo indígena, la falta de reconocimiento por parte del Estado chileno y la discriminación que sufren.

En las últimas décadas, varios gobiernos chilenos tratado de abordar el tema, pero diversos historiadores y analistas coinciden en que los esfuerzos para buscar soluciones no han sido suficientes.

Esta vez, la decisión de declarar estado de emergencia del gobierno de Piñera despierta opiniones fuertemente encontradas en la esfera política chilena.

Durante los debates en el Parlamento, quienes no apoyaron la extensión del estado de emergencia argumentaron que esta “descarta la opción del diálogo”, que es “inútil” y que solo genera “más rencor y violencia”. Ante ello, algunos los tacharon de “cómplices de la violencia”.

En la Cámara Alta, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, reconoció que la presencia de los militares en el sur “no soluciona los problemas de fondo” y subrayó que el gobierno apuesta tanto por el estado de emergencia como por el diálogo.

Según un recuento parcial presentado ante el Parlamento por la administración Piñera, durante el período en que las fuerzas armadas han estado a cargo de la seguridad en la zona se han reducido los atentados incendiarios, las usurpaciones y las tomas de terreno, entre otros.

Sin embargo, los incidentes violentos no han cesado.

El más grave se registró el 3 de noviembre, cuando un enfrentamiento terminó con la muerte de un comunero mapuche de 23 años. Las circunstancias se están investigando.

También hubo sabotajes a una línea férrea, tras el cual se descarriló y quemó un tren de carga; ataques incendiarios a casas y maquinarias.

Distintos grupos mapuches se han atribuido estos atentados a través de panfletos y pancartas encontrados en los lugares de los ataques.