Impunidad en Latinoamérica, donde se “vale” matar a una mujer

Redacción

Una niña costarricense de apenas cuatro años “falleció por síndrome de niña agredida” por las lesiones que, según un informe de la Fiscalía General de Costa Rica, le causaron su madre y su padre en enero de 2020 en un barrio de este país y que engrosó los 383 feminicidios oficialmente registrados con datos parciales de 2007 a 2021. La pareja de costarricenses —ella de 35 y él de 20— fue condenada la semana anterior a 35 años de cárcel cada uno.

Desaparecida el 24 de octubre pasado tras jugar un partido de futbol en El Salvador, Jimena Ramírez Granados, futbolista salvadoreña de 21 años, fue asesinada por desconocidos y sus restos aparecieron el 16 de este mes en una fosa clandestina en esa nación. “Estoy devastada”, afirmó la madre de la jugadora. “Es mi hija pues, yo la conozco desde tiernita [bebé] y lamentablemente es ella”, narró el padre al reconocer el cadáver de su hija.

En otro estilo de violencia, la mayoría de colombianas consume más del doble del tiempo que los colombianos en labores hogareñas sin remuneración. El (estatal) Departamento Administrativo de Estadística de Colombia informó la semana pasada que, de mayo a agosto de 2021, las mujeres pasaron 7 horas y 22 minutos cada día en tareas sin pago, mientras que los hombres sólo destinaron 3 horas y 1 minuto a esa labor.

La periodista nicaragüense Cristiana Chamorro se convirtió el 2 de junio de este año en la primera de otras siete mujeres de Nicaragua víctimas de la represión política que el gobierno izquierdista de ese país intensificó ese día e incluyó a 32 hombres. Hay 10 mujeres con diverso tipo de arresto.

En Cuba, la disidente Thais Franco se consolidó este año como visitante frecuente de las estaciones policiales y en persona de interés de la vigilancia constante de la seguridad política, como objetivo del reiterado hostigamiento del régimen comunista de la isla por su activismo en reclamo de libertad y democracia.

El Observatorio de la Violencia de la (estatal) Universidad Nacional Autónoma de Honduras reveló que los feminicidios en ese país sumaron 327 en 2020, pero de enero a hoy ya llegaron a 313 y superará el registro del año pasado. Datos de la Cámara de Diputados de Brasil advirtieron que el racismo estructural en esa nación perjudica a 52% de las negras, a 40% de las morenas y a 30% de las blancas.

El (no estatal) Observatorio de la Violencia Obstétrica de Chile reportó el 16 de este mes que 56.4% de las chilenas narró que fue reprimida por expresar dolor y emociones al parir y que más de la mitad denunció violencia obstétrica, que es oculta e incluye burlas, maltrato, insultos y abandono al momento del parto y después y es ejercida, entre otros, por profesionales de la salud.

Las distintas pinceladas violentas se repiten, con mayor o menor intensidad, en el resto de América Latina y el Caribe, y resurgen a propósito de que el próximo jueves, por segunda vez en escenario de pandemia del coronavirus, se recordará el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La fecha, instaurada en 1999 por la Organización de Naciones Unidas (ONU), remite a los asesinatos en 1960 de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal en República Dominicana por repudiar al dictador derechista Rafael Trujillo, que gobernó en ese país de 1930 a 1961 bajo un régimen de terror.

“Hay muy poco que celebrar. Los Estados tampoco han hecho mucho para tratar de desarraigar esa violencia que sufren las mujeres, que es un problema de salud pública en una cultura violenta contra la vida de las mujeres”, lamentó la pedagoga hondureña Migdonia Ayestas, directora del Observatorio de Honduras y máster en género.

“Es una conducta basada en el género, por ser mujer, que con odio y desprecio mata a una mujer. Las instituciones que deben judicializar los casos no lo hacen y mandan un mensaje a los agresores de que se vale matar a una mujer porque el Estado no hará persecución penal. La mayoría queda en la impunidad”, dijo Ayestas. Con la población femenina en el bando que aporta las bajas, la realidad exhibió que, a diario, se pierde la batalla para impedir que la mujer siga atrapada en múltiples formas de violencia y sin poder derribar una cultura machista y patriarcal.

“La lucha siempre será constante y resiliente” o con capacidad de adaptación ante la adversidad, adujo la abogada costarricense Gabriela Alfaro, fiscal adjunta de Género de la Fiscalía General de Costa Rica: “Los patrones machistas (…) van a permanecer sin cambio en la medida en que pensemos que no existe posibilidad de transformación o variación. Esto no es factible como dogma” si hay herramientas para identificar la violencia, defender los derechos humanos, ayudar a las víctimas y castigar estas conductas, aclaró Alfaro a este diario.

En opinión de la socióloga costarricense Isabel Gamboa, profesora de la Escuela de Sociología de la (estatal) Universidad de Costa Rica, la lucha “no se está perdiendo: de cierta forma nunca se ha ganado. A nadie realmente le preocupa ni interesa. Las mujeres no valemos nada como sujetas en nosotras mismas. Seguimos valiendo como madres, cuerpos… y está altamente naturalizado lo que nos hacen gracias a los sofisticados mecanismos que racionalizan y romantizan la violencia contra nosotras”.

Al destacar que “la cultura patriarcal es difícil de destruir porque es difícil de ver: se puede ver lo más grueso [asesinatos, violación]” y siempre justificándolo, pero “lo simbólico no se quiere ver: la responsabilidad de la caballerosidad, que sostiene una cultura condescendiente con las mujeres que educa hombres arrogantes”.

La crisis tampoco es exclusiva en América Latina o El Caribe. La organización Amnistía Internacional (AI), defensora de los derechos humanos con sede en Londres, precisó que la probabilidad en Canadá “de que una mujer indígena muera asesinada es cuatro veces superior a la de cualquier otra mujer”.

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