Redacción

Este año que termina se caracterizó por un mayor número de modificaciones en el sector eléctrico que han puesto en incertidumbre la participación de empresas y sus inversiones.

El 1 de febrero, el Ejecutivo presentó una iniciativa para reformar la Ley de la Industria Eléctrica, cuyo principal cambio fue proponer un nuevo orden de despacho de centrales eléctricas.

La propuesta era dar prioridad a las hidroeléctricas, ciclos combinados y el resto de las centrales de CFE, como carboeléctricas o termoeléctricas, y dejar al final la entrada de renovables y ciclos combinados privados.

Además, daba Certificados de Energía Limpia (CELs) a viejas hidroeléctricas de CFE, aunque el instrumento estaba diseñado para ayudar a sumar nueva generación renovable.

La iniciativa fue aprobada en fast track por el Legislativo y publicada en el Diario Oficial el 9 de marzo, pero se dio una serie de amparos del sector privado.

Asolmex, Amdee, Cogenera y Amexhidro calcularon una afectación por más de 68 mil millones de dólares entre inversiones ejecutadas y aquéllas que estaban por iniciar.

Tras lograr las suspensiones definitivas por parte del Poder Judicial, el 30 de septiembre se presentó otra iniciativa de reforma eléctrica, pero ahora a nivel constitucional, con la que CFE tendría un papel monopólico.

También cancela contratos de autoabastecimiento y de compra-venta de energía, elimina los CEL y las solicitudes de permiso de generación o modificaciones pendientes de resolución de la CRE.

La reforma espera comenzar su discusión el 17 de enero en el Legislativo.

El CCE, el CIEP y el Imco han denunciado que la propuesta de reforma dañaría la competitividad de las empresas y del País al no tener acceso a energía limpia y barata.