Redacción

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) manifestó su preocupación por la posibilidad de que se apruebe el reglamento de becas propuesto por el Conacyt —que amenaza con suspender apoyos a becarias embarazadas— por lo que llamó a reponer el proceso para construir un texto que, desde su origen, garantice una perspectiva de género y derechos humanos.

En una propuesta enviada a María Elena Álvarez-Buylla, titular del Conacyt; a Tatiana Clouthier, secretaria de Economía, así como a Alberto Montoya, titular de la Conamer, la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM destacó que la autonomía reproductiva es parte del derecho al libre desarrollo de la personalidad, “por lo que de ninguna manera puede constituir una vía de exclusión”.

Así, llamó a incorporar disposiciones que posibiliten la ampliación de plazos, tramitación de permisos para la interrupción temporal de las responsabilidades, así como las vías para la reanudación de las mismas, sin detrimento del otorgamiento de becas y otros beneficios académicos.

La semana pasada reveló que Conacyt envió un anteproyecto de reglamento de becas a la Conamer, donde mantiene una cláusula, vigente desde 2008, de suspender la entrega de becas a estudiantes, en el extranjero y en México, que protesten y a mujeres embarazadas, en parto o puerperio. El Conacyt respondió que retomará comentarios recibidos para mejorar su propuesta.

En este sentido, la UNAM recomendó cinco puntos a considerar en el reglamento: En primer lugar, llamó a incorporar la perspectiva de género en las políticas educativas y evitar replicar la desigualdad estructural, que obstaculizan el acceso y ejercicio de los derechos humanos.

En segundo lugar, señala que toda institución pública tiene obligación de incorporar el enfoque de derechos humanos y perspectiva de igualdad de género para que instrumentos y disposiciones generales e internos garanticen los derechos humanos.

También recomendó que en toda la reglamentación se definan los derechos que vigilarán la implementación de los procedimientos, tanto los que corresponden a la entrega de recursos y facilidades académicas, como los de igualdad de género, no discriminación y una vida libre de violencia.

El cuarto punto aconseja que autoridades e instituciones en materia de educación superior tomen la Ley General de Educación Superior y otras normas vigentes en materia de derechos humanos e igualdad de género como referencia para evitar su violación.

El último punto señala que la autonomía reproductiva es parte del derecho al libre desarrollo de la personalidad y no puede ser vía de exclusión, por lo que pidió posibilitar su ejercicio sin detrimento del otorgamiento de becas.