ONG advirtió los riesgos de que Guanajuato fuera la cuarta entidad con más presencia de la Guardia Nacional

Redacción

Guanajuato, la entidad donde la tarde de este miércoles 27 de abril un estudiante universitario fue asesinado a tiros por un efectivo de la Guardia Nacional, es el cuarto estado del país donde la corporación tiene mayor presencia.

En su Informe 2021 del Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización en México, la organización Causa en Común ya había advertido sobre la tendencia hacia una mayor militarización y el riesgo que implicaba el despliegue creciente de elementos en materia de violaciones a derechos humanos.


“La Guardia Nacional se ve como la columna vertebral de un proyecto militarista, es decir, que se comienza a mirar como parte de un proyecto político y no como una institución del Estado mexicano”, explicó María Elena Morera, presidenta de la ONG.

El estado del bajío, según información proporcionada por el Gobierno Federal a Causa en Común, contaba con 6 mil 603 elementos de la corporación hasta su último informe. La cifra representó un aumento del 5.5% si se compara con los elementos que se encontraban asignados en noviembre, y 4% con los que había en diciembre del 2020.

Sólo Ciudad de México, con 13 mil 102; Estado de México; con 9 mil 927; y Jalisco, con 6 mil 735; superan a Guanajuato en cantidad de elementos de la Guardia Nacional desplegados en su territorios.

A ello se suma que el miércoles, el mismo día que el joven estudiante perdió la vida y una más resultó gravemente herida en Irapuato, la Secretaría de la Defensa Nacional informó sobre el arribo de 350 elementos adicionales del Ejército Mexicano al municipio de León para reforzar las actividades de vigilancia en el municipio.

En un comunicado, la Sedena detalló la llegada de efectivos castrenses de la Fuerza de Tarea Regional a través de las Comandancias de la XII Región Militar y la 16va Zona Militar, a fin de reforzar las “operaciones interinstitucionales” en conjunto con la Guardia Nacional, Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, Fiscalías General de Justicia y de la República y autoridades municipales para generar “un ambiente de paz y tranquilidad”.

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