Demian Márquez

A consecuencia que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCyA), no ha dado legalidad a la elección de la nueva dirigencia sindical del 7 de Mayo, los diversos litigios y negociaciones se encuentran detenidas.

Tal es el caso en los ayuntamientos de Tlaxcala, Chiautempan y Huamantla, además del Poder Legislativo, los cuáles no pueden continuar hasta que exista un líder sindical electo de manera legal.

Cabe recordar que en el caso del Congreso, se encuentra en revisión del contrato colectivo de trabajo en el cual se acuerda el aumento salarial cada mes de mayo del ejercicio fiscal presente.

Se desconoce con qué figura legal del sindicato se pueden retomar las pláticas que mantenían para acordar el aumento salarial, el cual, el negociado o autorizado, en el mes de mayo de cada ejercicio fiscal.

En el caso del ayuntamiento capitalino, anteriormente se señalaron algunos atrasos en el pago de sus salarios y nulos acercamientos para determinar el incremento salarial de este 2022, para que sea acorde a sus necesidades.

Mientras que en Santa Ana Chiautempan, supuestamente habían sido violentados los derechos laborales y el contrato colectivo de los trabajadores basificados.

Ya que de los 133 trabajadores de base del ayuntamiento, solamente 97 y 36 fueron despedidos de manera injustificada.

Finalmente, en la administración municipal de Huamantla se mantiene detenidas las negociaciones luego que el alcalde presidiera de aproximadamente 80 trabajadores agremiados al Sindicato 7 de mayo.

Por lo que se mantiene pendiente las negociaciones para sus liquidaciones, mismas que rondarían en los 25 millones de pesos, además que el munícipe buscaría interponer una denuncia por usurpación de funciones, pues algunos de los basificados no cumplían con ninguna representación legal en el municipio y en el estado.

Es así, que los diversos litigios y negociaciones se encuentran a la expectativa, pese a que la semana pasada se celebró una elección, para elegir al nuevo Comité Ejecutivo, el cual resultó ganador Enrique Escobar Cortez, como secretario general y Sandra Díaz Muñoz como representante del Comité de Vigilancia.

Esto porque el TCyA no ha emitido la correspondiente toma de nota a Escobar Cortés y Díaz Muñoz debido a que no han presentado solicitud que avale la elección interna, recordando que el Tribunal había declarado inválido el proceso de elección.