Demian Márquez

En Tlaxcala, el fenómeno de fallecimientos al interior de los Centros de Prisión Preventiva, ah incrementado de manera alarmante en estos siete meses, mismos que han resultado por presuntos suicidios o muertes naturales, pero también se menciona que los occisos pudieron ser víctimas de agresión por parte de elementos de la Policía Municipal.

Cabe señalar que solamente en algunas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), ha emitido recomendaciones, como en el caso de Nanacamilpa y Tlaxcala capital, por mencionar algunos.

Sin embargo, hasta la fecha en ninguno de estos casos, se ha realizado sanción alguna en contra de funcionarios públicos.

Recapitulando los casos, en Apizaco se presentaron dos, una mujer que aparentemente falleció por sobredosis y el otro fue un joven que se suicidó, según la investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

En Calpulalpan, el masculino ingreso por consumo de formas y presunto acoso, mismo que fue hallado ahorcado con una chamarra dentro de los separos.

Mientras que en Nanacamilpa, también de presentó un caso de ahorcamiento, toda vez que la CEDH emitió una recomendación en contra de este ayuntamiento por omisiones y negligencias de sus oficiales.

Este señalamiento fue replicado contra la administración de Jorge Corichi Fragoso en Tlaxcala capital, dónde el detenido falleció por un paro cardiorespiratorio.

El caso más reciente, es del hombre que pereció en el municipio de Xaltocan, acontecimiento que culminó con la quema de patrullas y la comisaría, esto porque la familia asegura que fue víctima de agresiones físicas por parte de policías municipales.

La versión oficial señala, que el hombre feneció tras colapsar por un problema de salud previo, sin embargo aún no se conocen los resultados de la necropsia realizada por la PGJE.

Es de mencionar que la presidenta de la CEDH, Jakqueline Ordoñez Brasdefer, reveló a principios de año que durante el proceso de revisión para conocer las condiciones en que operan esos espacios, se encontró que la mayoría carecía de elementos para asegurar el respeto a las garantías de las personas y sus derechos humanos.

Hasta hace un mes, comentó que solo 33 demarcaciones atendieron en cierto grado la recomendación, pero el resto siguen sin atenderlo.

Incluso, Ordóñez Brasdefer comentó que la CEDH había recibido en ese entonces 56 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos atribuidas a elementos de Seguridad Pública Municipal.

Por su parte, al término de la Mesa de trabajo: Gobierno, Seguridad y Procuración de Justicia, Estado-Municipios, el secretario de gobierno, Sergio González Hernández reconoció que existe un amplio rezago en materia de capacitación por parte de la Policía Municipal, responsabilidad que recae en sus respectivos ediles.

En ese sentido, precisó que solo el 37% de los poco más de dos mil policías municipales en la entidad se encuentran acreditados.

Es así, que con una policía carente de conocimiento sobre su trabajo, así como de la procuración de los Derechos Humanos, y un inmueble que incumple con sus garantías individuales, situaciones en teoría intrascendentes como un aseguramiento, han terminado en muerte.

Quizá por cuestiones ajenas a las instituciones o realmente por una negligencia por parte de las autoridades, lo único que es claro es que la escena y los actores que participan en ella, vuelven muy complicado el poder distinguir la diferencia.