De no modificarse severamente la política y estrategia pública entorno de las lenguas indígenas mexicanas, en 90 años desaparecerán en su totalidad, aseguraron organizaciones de la Red Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas (RENITLI), que además hicieron un llamado a las instituciones correspondientes a garantizar mejores condiciones para los hablantes de lenguas indígenas nacionales, pues es su derecho a contar con la asistencia de intérpretes y traductores.

Esto a propósito de la denuncia que hicieron hoy, de que actualmente el 45% de los indígenas mexicanos que se encuentran en un proceso judicial no tienen asignado un intérprete para apoyarlos en sus casos, y esa es una violación al derecho fundamental consignado en la Constitución Mexicana de poder hacer uso de cualquier lengua originaria en foros y espacios públicos dentro del territorio mexicano.

Pero además dijeron que urge definir los aranceles de los intérpretes y traductores con base en las realidades de cada región sociolingüística del país, considerando factores como la migración, índices de desarrollo, número de hablantes de lenguas indígenas, entre otros. Y denunciaron el racismo que existe hacia las y los intérpretes “como un problema estructural que debe ser erradicado para un ejercicio pleno de los derechos de las personas, comunidades y pueblos indígenas”.

Durante la presentación de los hallazgos del proyecto “Acciones para el Fortalecimiento de la Red Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas; la Incidencia de los Derechos Lingüísticos en los Sistemas Normativos y la Aplicación de la Justicia en México”, integrantes de la RENITLI aseguraron que en el diagnóstico nacional sobre políticas públicas y experiencias en la formación y empleabilidad de los y las intérpretes en los servicios públicos, las lenguas indígenas nacionales se encuentran en constante riesgo de desaparición al ser desplazadas por el español en los ámbitos públicos.

Con base en los diálogos durante tres foros regionales, en los que participaron 106 intérpretes y traductores de lenguas indígenas, concluyeron que enfrentan la falta de pago por su labor como intérpretes traductores en los diferentes órganos de administración y procuración de justicia, donde “persiste una política de racismo institucional”.