M. Hernández
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se detectaron irregularidades en el uso de recursos públicos federales entregados al gobierno de Tlaxcala con posibles daños al erario por 712 millones 566 mil 400 pesos.
La auditoría de cumplimiento 2021-A-29000-19-1832-2022, arrojó que durante la transición de los gobiernos de Marco Antonio Mena Rodríguez y Lorena Cuéllar Cisneros, no se cumplió con las reglas para contratar obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios.
La ASF indica que se emitieron 54 observaciones, de las cuales, 23 no se aclararon, generando 12 promociones de responsabilidad administrativa contra funcionarios, en 20 de las 54 no se detectaron irregularidades y 11 se solventaron.
Según la ASF, hay un monto por aclarar y probable daño patrimonial por 524 millones 188 mil 914 pesos comprobaciones en el gasto ejercido por el Organismo Público Descentralizado (OPD).
Además, 57 mil 46.52 pesos sin comprobar por pagos con las participaciones federales para los salarios de 29 trabajadores que forman parte de la plantilla laboral de la Secretaría de Educación Pública (Sepe).
Así como 474 mil 602.09 pesos por pago con recurso federal a 11 trabajadores que contaban con licencia sin goce de sueldo de la Sepe.
Además, existe una observación por 87 millones 705 mil 210.60 pesos por no proporcionar información comprobatoria sobre la entrega de bienes y servicios.
Otra de un millón 933 mil 498.64 pesos y dos millones 693 mil 189.50 pesos sin documentación comprobatoria sobre dos contratos de servicios y dos millones 70 mil 426 pesos por la entrega de beneficios para alumnos sin documentación comprobatoria.
La Auditoría Superior además observó probable daño por 9 millones 862 mil 677 pesos por la falta de documentación sobre la transferencia de recursos a partidos políticos, aunado a la observación de 82 millones 348 mil 474 pesos por 622 pólizas de pagos a diputados del Congreso.
Por ello, la ASF considera que durante el 2021, el gobierno de Tlaxcala, no realizó una gestión eficiente de los recursos de Participaciones Federales (PFEF), apegado a la normativa al incurrir en diversas irregularidades.
