El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, señaló que aunque la batalla jurídica contra el llamado “Plan B” electoral no concluye, las recientes resoluciones judiciales son muy importantes para preservar la posibilidad de que continúen las elecciones libres y auténticas.
“Una batalla jurídica que aún no concluye, pero que en las semana recientes ha permitido una serie de resoluciones judiciales muy importantes para preservar la posibilidad de seguir contando con elecciones libres y auténticas en nuestro futuro”, señaló el funcionario electoral a través de su ya tradicional video-mensaje dominical en su cuenta de Twitter.
Córdova refirió que el INE ha enfrentado “grandes desafíos” a lo largo de nueve años, incluida la defensa jurídica del orden democrático y constitucional amenazados por el “Plan B” que, dijo, pone en riesgo la certeza, legalidad, transparencia y credibilidad de las elecciones.
Lo anterior, luego de que el viernes pasado el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Javier Laynez Potisek, otorgó una suspensión para la aplicación del llamado “Plan B” de la reforma electoral.
La trayectoria electoral del Instituto
En su mensaje el consejero presidente señaló que desde 2014 a la fecha, el INE tuvo que enfrentar una enorme cantidad de desafíos de muy diversa índole que a nueve años de distancia resumió en seis temas.
Detalló que con la implementación de la reforma electoral de 2014, incluyó la sustitución del Instituto Federal Electoral (IFE) por el INE, con 75 nuevas funciones que adquirió en su carácter de órgano electoral encargado de las elecciones federales, estatales y municipales del país.
Los seis temas en los que se resume el trabajo del INE en los últimos nueve años, de acuerdo al consejero presidente son: la implementación de la reforma 2014; el intento de boicot de las elecciones en 2015 por las protestas magisteriales; las “exitosas” elecciones de 2018; el proceso electoral de 2021 en medio de la pandemia por Covid-19; los ejercicios de Consulta Popular y Revocación de Mandato a pesar de enfrentar una sistemática descalificación y hostigamiento desde el gobierno federal y finalmente la defensa jurídica que tuvo que emprender el órgano electoral en contra del “Plan B” y en defensa del orden democrático y constitucional.
