La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió la recomendación 06/2023, dirigida a la titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Ernestina Carro Roldán, por el caso de violación a derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica e integridad y seguridad personal, por trato cruel, inhumano o degradante en contra de un hombre, y tortura para obtener información o la confesión de alguna persona, a partir de sufrimientos graves físicos, en el caso de una mujer, a quienes pretendieron acusarlos indebidamente del delito de extorsión.

De acuerdo con el expediente CEDHT/PVG/60/2020, fue el 25 de agosto de 2020 cuando cuatro elementos de la Policía de Investigación adscritos a la PGJE, interceptaron y detuvieron a la pareja cuando acudieron a realizar compras a un establecimiento comercial, donde, sin mediar una orden de aprehensión ni señalamiento de acusación, fueron detenidos, incomunicados, amedrentados y en el caso del hombre, torturado para que aceptarán ser los responsables de un supuesto delito de extorsión.

De esta forma, de acuerdo con la investigación y la aportación de pruebas efectuadas por las partes involucradas, la CEDH concluyó que las autoridades responsables incurrieron en violaciones graves en agravio de las víctimas directas, ya que las declaraciones de los elementos de la Policía de Investigación no fueron justificadas, alteraron pruebas como el lugar de detención y mantuvieron incomunicados a las víctimas, a quienes obligaron a firmar documentos en blanco y grabar confesiones que, en el caso del hombre, fueron hechas a través de actos de tortura.

La titular de la PGJE tendrá que ofrecer una disculpa pública como garantía de satisfacción para las víctimas a cargo de Ernestina Carro Roldán o de personal directivo de alto mando que la misma designe; de manera que se deberá fijar lugar, día y hora, y notificarse de manera previa a este Organismo Protector de Derechos Humanos, a efecto de que se encuentre presente un observador, así como gestionar la PGJE la invitación a la misma a las víctimas indirectas.

La PGJE cuenta con un plazo de 15 días a partir de su notificación para informar si acepta la recomendación y de ser así, en un plazo de 15 días adicionales, deberá presentar las pruebas del cumplimiento de la recomendación, de lo contrario dará lugar a que se interprete que no fue aceptada, aunque para ello, deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa, para lo cual, el Congreso del Estado podrá llamar, a solicitud de la CEDH, a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dicho Órgano Legislativo.