M. Hernández
Tlaxcaltecas señalaron que la autoridad violó su derecho a la legalidad, sobre todo, porque consideraron que en el desempeño de sus funciones los servidores públicos abusaron de su autoridad, negaron servicios públicos o incluso, incurrieron en detención arbitraria.
Esto, según datos del Censo Nacional de Derechos Humanos Estatales y Federal 2023 del INEGI, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Tlaxcala recibió durante el año pasado 629 denuncias por presuntos hechos violatorios cometidos por parte de la autoridad estatal.
Comparado con las denuncias recibidas en 2021 que fueron de 453, se puede observar que los casos de presunta violación a los derechos aumentaron en un 38.8 por ciento, año que fue el primero del gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros.
Es de señalar que la denuncia por “hechos presuntamente violatorios de derechos humanos” es la primera etapa de un proceso que puede desembocar en una queja después de que las comisiones investiguen el señalamiento.
Mismas que se pueden considerar que el hecho denunciado no representa una violación a los derechos o bien que se trata de un bien jurídico de otro tipo, del mismo modo, puede valorarse como un evento que amerita resolverse mediante la conciliacion, una figura de acuerdo legal entre las partes que siempre debe concluir a favor de la víctima, o bien procede como queja.
Aunque el INEGI aún no da a conocer la particularidad de las cifras estatales, indica que entre los 10 causas de presunta violación de derechos en la región se encuentra la violación a la legalidad, negativa de servicios públicos, detención arbitraria, omisión de prestación se atención médica, actos de autoridad, tratos crueles, tortura, daño ambiental, falta de protección judicial y transgresión del derecho de petición.
Según los datos, el 70 por ciento de los hechos denunciados fueron presentados por hombres y el 30 por mujeres, sobre todo en contra de la Fiscalía y la Procuraduría estatales, los presidentes municipales, las policías estatales, el sistema penitenciario estatal y las secretarías de educación pública estatales.
