ITPCD: UN FALSO DEBATE.
Lourdes Romero
Inicio mi comentario de esta semana recordando que una de las principales demandas sociales es que el gasto público se aplique de la manera más eficiente posible.
La gente quiere gobiernos eficaces y austeros, que racionalicen los recursos, para que el dinero del presupuesto se aplique de modo focalizado a la atención de sus principales problemas.
En nuestro estado, con el inicio del actual sexenio, comenzó un proceso de reingeniería administrativa pensado en hacer más eficiente el aparato gubernamental.
Es decir, se actualizaron las funciones y atribuciones de diversos entes públicos para garantizar que la administración estatal contara con las dependencias necesarias y suficientes para cumplir con sus objetivos.
Personalmente, considero necesario ofrecer este contexto para comprender la razón por la que el Congreso del Estado determinó, por iniciativa del Poder Ejecutivo, declarar extinto el Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad (ITPCD).
Por principio de cuentas, no se trata de una decisión improvisada, pues obedece a un proceso de reestructuración administrativa que inició en 2021, con la aprobación de la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado.
Con base en este ordenamiento, el Gobierno del Estado inició un diagnóstico que, eventualmente, estableció la necesidad de transferir competencias de instituciones que ya habían dado de sí a nuevas dependencias generadas a partir de la referida reingeniería administrativa.
Fue así como la actual Secretaría de Bienestar, que entró en funciones en 2022, asumió las funciones del ITPCD, por ser la institución responsable de conducir, bajo un criterio de atención garante de derechos fundamentales, la política de desarrollo social en la entidad.
Ciertamente, el ITPCD, que inició funciones en 2001, fue una institución pionera en su momento, que incluso sirvió de modelo para el surgimiento de entes similares en otras entidades federativas. Y en efecto, su impulso y concreción se puede atribuir a personas como Maricarmen Mazarrasa Corona, quien incluso estuvo al frente del Instituto y su legado es indiscutible.
Pero con la extinción del ITPCD no ha desaparecido la atención a las personas con discapacidad, ni mucho menos se ha limitado. Por el contrario, se ha acrecentado a través de la Secretaría de Bienestar, que abarca todos los aspectos de atención para mejorar su calidad de vida, tanto en salud, empleo y otros, como una pensión.
Lo que es importante entender en todo esto es que las instituciones no son las que hacen la política. Al contrario, la política gubernamental es la que da forma a los entes públicos, y la política de atención a grupos vulnerables, marcada en el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027, cuenta con una base documental que sustenta su desarrollo a partir de la operación de la Secretaría de Bienestar.
La extinción del ITPCD, por autorización del Congreso local, es en realidad un mero formalismo legal. Su desaparición comenzó desde 2022, cuando dejó de recibir presupuesto, pero fue hasta ahora, en pleno proceso electoral, cuando surgen críticas y señalamientos, con claros tintes políticos, para construir un falso debate respecto a un tema que es debidamente atendido y que está dando resultados.
