En Tlaxcala hay 251 expedientes derivados de presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos que ya fueron enviados a otras autoridades, pero cuyo avance el propio Órgano de Fiscalización Superior (OFS) dijo desconocer. Se trata de 199 denuncias penales ante la Fiscalía General de Justicia del Estado y 52 procedimientos administrativos ante el Tribunal de Justicia Administrativa.
El dato cobra relevancia porque los expedientes no corresponden únicamente a ayuntamientos. El auditor superior, Arturo Lucio Salas Miguela, confirmó que las posibles irregularidades también involucran dependencias del Poder Ejecutivo e incluso instancias del Poder Judicial. Sin embargo, una vez que los casos son turnados, el OFS deja de tener el control directo sobre su resolución.
¿Qué pasó con esos 251 casos? Esa es la parte que permanece sin respuesta pública. Al ser cuestionado sobre el avance de las investigaciones, el auditor reconoció que desconoce en qué etapa se encuentra cada expediente, debido a que corresponde a la Fiscalía y al Tribunal continuar los procedimientos. El organismo únicamente señaló que algunos casos ya han derivado en sanciones, sin revelar cuántos ni identificar los expedientes.
El escenario se suma a los resultados más recientes de la fiscalización estatal. Durante la revisión de la Cuenta Pública 2025, el OFS detectó inicialmente irregularidades por 497 millones de pesos después de la etapa de aclaraciones, 362 millones fueron solventados, pero permanecieron 135 millones de pesos como probable daño patrimonial, además de 4,373 observaciones todavía sin aclarar.
Mientras los expedientes continúan su ruta jurídica, el OFS sostiene que busca evitar que las denuncias prescriban y que cada caso llegue a una resolución. La presentación de una denuncia, sin embargo, no significa que exista culpabilidad falta conocer cuántos de esos 251 procedimientos terminarán en sanciones, cuáles serán archivados y, en su caso, si habrá recursos públicos que deban ser recuperados.
