Fabiola Márquez El coordinador de Comunicación del Gobierno del Estado, Antonio Martínez Velázquez, respondió a los señalamientos de discriminación realizados por la abogada que representa a un grupo de pobladores de Atlangatepec e Ixcotla, y sostuvo que las críticas no tienen relación con su origen o nacionalidad, sino con la estrategia jurídica que ha promovido.
El funcionario estatal afirmó que para que exista discriminación debe presentarse una acción de autoridad que limite derechos por motivos de religión, origen étnico, nacionalidad, orientación sexual u otra condición protegida, situación que, aseguró, no ocurre en este caso.
Martínez Velázquez señaló que la nacionalidad de la representante legal es «irrelevante» para el Gobierno del Estado y destacó que, al ser mexicana, tiene el derecho de participar en asuntos públicos y ejercer su profesión.
No obstante, indicó que lo que sí puede ser cuestionado es la calidad de la asesoría jurídica que ofrece a las comunidades y los efectos que ésta ha tenido en el desarrollo del conflicto, al considerar que el debate debe centrarse en los resultados de la estrategia legal.
El coordinador de Comunicación comparó los señalamientos hacia la abogada con las críticas que él mismo recibe como servidor público, al señalar que una observación negativa sobre el desempeño profesional no necesariamente constituye un acto de discriminación.
Asimismo, sostuvo que los procesos legales impulsados en torno al conflicto representan costos económicos para los propios pobladores, por lo que consideró necesario analizar si las acciones emprendidas han favorecido realmente a las comunidades involucradas.
Finalmente, Martínez Velázquez reiteró que el Gobierno estatal mantendrá su postura de respeto al marco legal y defendió la validez de las asambleas comunitarias, al tiempo que insistió en que la controversia debe resolverse por la vía jurídica y no mediante acusaciones que, afirmó, no corresponden al fondo del conflicto.
