Lizeth Cuahutle.
El titular de la Coordinación del Registro Civil de Tlaxcala, Víctor Hugo Mena Hernández, rechazó que la dependencia cobre a los ciudadanos un concepto denominado “ingreso de aclaración o rectificación administrativa”, como fue señalado recientemente en una iniciativa presentada ante el Congreso local, y aclaró que se trata de un término utilizado internamente para identificar parte del procedimiento administrativo.
La polémica surgió luego de que la diputada Laura Yamili Flores Lozano propusiera eliminar los cobros relacionados con las aclaraciones y rectificaciones administrativas de actas. De acuerdo con los datos expuestos por la legisladora, una aclaración administrativa de acta de nacimiento pasó de alrededor de 1,157 pesos a 3, 754 pesos, mientras que una rectificación pasó de 1, 882 a 4,927 pesos.
Ante estos señalamientos, Mena Hernández explicó que el concepto de “ingreso de aclaración o rectificación administrativa” sí existe dentro de la Coordinación pero forma parte de sus procedimientos internos y está contemplado en sus manuales de operación no corresponde, dijo, a una cuota adicional que se cobre por iniciar el trámite.
El funcionario sostuvo que los pagos que realiza la ciudadanía corresponden a los conceptos establecidos en el Código Financiero particularmente por la emisión del certificado de resolución del procedimiento. Por ello, invitó a revisar los recibos oficiales expedidos por la dependencia para comprobar qué conceptos son efectivamente cobrados.
La documentación oficial del Registro Civil consultada confirma que la dependencia maneja procedimientos de aclaración y rectificación administrativa y que estos forman parte de sus procesos registrales.
Mena Hernández consideró que la información difundida sobre el supuesto cobro pudo derivar de una confusión al momento de recabar la información, al no haberse consultado directamente a la Coordinación. Mientras tanto, la iniciativa presentada en el Congreso fue turnada para su análisis y plantea establecer la gratuidad de estos procedimientos cuando se trate de aclaraciones y rectificaciones administrativas.
El funcionario insistió en que no existe un cobro adicional por el concepto señalado y que los costos de los trámites deben corresponder a las disposiciones establecidas en la legislación financiera estatal.
