A medida que se acerca el proceso electoral de 2027, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) enfrenta el reto de vigilar que los actores políticos respeten las reglas y los tiempos electorales. Entre los nombres que aparecen en los procedimientos está el de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, quien acumula 13 expedientes relacionados con presuntas irregularidades electorales.
De acuerdo con un reporte basado en información de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, los expedientes corresponden al periodo de agosto de 2025 al 31 de julio de 2026. Los señalamientos incluyen cuestionamientos sobre actividades públicas y eventos en los que han participado otros actores políticos.
Uno de los casos estuvo relacionado con foros campesinos y actividades de la Asociación de Autoridades Municipales de Tlaxcala, donde coincidió con Alfonso Sánchez García. En este procedimiento, el ITE declaró inexistentes las infracciones denunciadas.
Sin embargo, otro expediente sí tuvo una resolución distinta. El pasado 16 de octubre, el organismo acreditó una infracción por la distribución extemporánea de la gaceta del Cuarto Informe de Gobierno de Cuéllar Cisneros, realizada el 27 de enero de 2026 en Chiautempan y La Magdalena Tlaltelulco. Por este hecho, dio vista al Congreso del Estado para que determine lo conducente.
Aunque la autoridad electoral descartó las acusaciones de promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos, la difusión fuera del plazo legal quedó acreditada.
El número de expedientes que involucran a la mandataria coloca también bajo escrutinio al ITE, cuya responsabilidad no se limita a recibir denuncias, sino a investigar y resolver con imparcialidad, incluso cuando los señalamientos involucran a quienes actualmente ejercen el poder.
Con los movimientos políticos rumbo a 2027 en marcha, el árbitro electoral tendrá que demostrar que puede aplicar las reglas sin distinciones partidistas ni políticas. La ciudadanía tiene derecho a conocer cuántos expedientes han sido resueltos, cuáles siguen pendientes y qué consecuencias han tenido las irregularidades acreditadas.
La pregunta de fondo es inevitable: ¿está el ITE cumpliendo con su papel de árbitro electoral o permitirá que los señalamientos se acumulen mientras se adelantan los tiempos políticos?
