La crisis de la basura en Tlaxcala podría convertirse en un factor de desgaste político para los gobiernos municipales rumbo a las elecciones de 2027 y, al mismo tiempo, abrir una oportunidad para que los partidos de oposición capitalicen la inconformidad ciudadana. El cierre del relleno sanitario de Atlangatepec, la suspensión de rutas y la falta de alternativas para depositar los residuos han puesto a prueba la capacidad de respuesta de los ayuntamientos.
Desde el pasado 31 de octubre, cuando dejó de operar el sitio de disposición final, municipios como Chiautempan, San Pablo del Monte, Papalotla, Españita, Tetlanohcan y Yauhquemehcan enfrentaron dificultades para mantener regular el servicio de recolección.
Aunque el problema tiene dimensiones estatales, la responsabilidad constitucional de garantizar la recolección, traslado y disposición final de los residuos corresponde a los municipios. Por ello, los ayuntamientos deberán demostrar que cuentan con alternativas y no limitarse a justificar las fallas por el cierre del relleno sanitario.
Los gobiernos de Morena tampoco están exentos de esta presión. Chiautempan destaca por sumar dos administraciones consecutivas bajo este partido, mientras que Apizaco enfrenta el reto de disponer de aproximadamente 150 toneladas de basura diarias. Entre las alternativas planteadas está trasladar los residuos a Xoxtla, con un costo estimado de 260 pesos por tonelada.
La problemática no distingue colores partidistas, pues municipios gobernados por distintas fuerzas políticas enfrentan dificultades similares. Sin embargo, para la ciudadanía el tema va más allá de las responsabilidades administrativas: la exigencia es que la basura sea recogida y las calles permanezcan limpias.
A la emergencia se suma la incertidumbre sobre nuevos espacios de disposición final. Una de las alternativas privadas planteadas enfrenta el rechazo de habitantes de Plan de Ayala, en Tetla, por posibles afectaciones ambientales, mientras algunos ayuntamientos han recurrido a medidas extraordinarias para reducir o controlar los residuos que reciben.
Rumbo a 2027, la crisis podría convertirse en una oportunidad política para la oposición, que tendría elementos para cuestionar los resultados de las administraciones de Morena y presentarse como alternativa ante el descontento social. Aunque no necesariamente se traducirá en un voto de castigo, la falta de soluciones a un servicio básico podría modificar el ánimo electoral y convertirse en una factura para los gobiernos que hoy tienen la responsabilidad de resolver el problema.
