A casi un año del proceso electoral de 2027, el consejero presidente del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), Emmanuel Ávila González, acumula controversias por resoluciones relacionadas con actores políticos de Morena, medidas cautelares contra medios de comunicación y contrataciones millonarias de material electoral, asuntos que han puesto bajo escrutinio su desempeño al frente del organismo encargado de garantizar la equidad de las contiendas.
Uno de los episodios más delicados es la solicitud de juicio político que promovió la senadora priista Anabell Ávalos Zempoalteca contra el funcionario, a quien acusó de presunta parcialidad en la atención de denuncias electorales. El señalamiento surgió, entre otros motivos, por las decisiones del Consejo General sobre propaganda política vinculada con Alfonso Sánchez García y Ana Lilia Rivera, particularmente las bardas identificadas con las frases Es él y Es ella. En mayo de 2026, el Congreso local integró una comisión especial para analizar el procedimiento, aunque la denuncia no representa por sí misma una responsabilidad acreditada contra el consejero presidente.
La actuación de Ávila González también fue cuestionada después de que el ITE dictara medidas cautelares contra el medio de comunicación La Bestia Política, por publicaciones relacionadas con una denuncia sobre presuntos actos anticipados de campaña del entonces director del COBAT, Alonso Trujillo, en favor de Alfonso Sánchez. El Tribunal Electoral de Tlaxcala revocó esas medidas en junio pasado y llamó al organismo a respetar la libertad de expresión y de prensa. La resolución abrió un nuevo frente de cuestionamientos sobre los criterios utilizados por el Instituto para intervenir en contenidos periodísticos.
A este antecedente se suma el expediente relacionado con el video elaborado con instalaciones y personal del COBAT para favorecer el posicionamiento político de Alfonso Sánchez. El ITE acreditó promoción personalizada anticipada atribuible a Alonso Trujillo, pero deslindó de responsabilidad al entonces alcalde capitalino. La determinación dejó preguntas sobre los alcances de la investigación y los criterios empleados para establecer responsabilidades entre quienes realizan la promoción y quienes aparecen como beneficiarios.
En el terreno administrativo, el Instituto también enfrenta cuestionamientos por contratos de material y documentación electoral que, en conjunto, superaron los 30 millones de pesos durante el proceso 2023-2024. De acuerdo con la información publicada, Cajas Graf recibió 12 millones 420 mil 972 pesos por material electoral, mientras que Formas Inteligentes obtuvo un contrato por 17 millones 758 mil 277 pesos para producir boletas y documentación complementaria.
Los montos cobraron relevancia luego de que investigaciones periodísticas señalaran posibles vínculos empresariales entre proveedores electorales y personas relacionadas con el entorno de la presidencia del INE, Guadalupe Taddei. No obstante, hasta ahora no existe una resolución que acredite responsabilidades administrativas o penales contra Emmanuel Ávila o funcionarios del ITE por esas contrataciones.
Ante los cuestionamientos, el organismo defendió sus procedimientos y sostuvo que las adquisiciones se realizaron conforme a la legislación vigente, mediante licitaciones públicas y revisiones técnicas, jurídicas y económicas. También afirmó que sus cuentas públicas fueron aprobadas y que no había recibido observaciones de las autoridades fiscalizadoras por esos contratos. La explicación, sin embargo, no elimina la necesidad de transparentar los expedientes, los participantes y los criterios de adjudicación.
El panorama coloca a Emmanuel Ávila ante una exigencia pública de rendición de cuentas. No basta con defender que las decisiones son colegiadas o que los procedimientos administrativos se apegaron a la ley; el Instituto debe demostrar que aplica los mismos criterios a todos los partidos, aspirantes y medios de comunicación, especialmente cuando las disputas políticas rumbo a 2027 comienzan a intensificarse.
Con estos antecedentes, la credibilidad del árbitro electoral será uno de los temas que acompañarán la preparación de los próximos comicios. La imparcialidad no puede sostenerse únicamente en declaraciones institucionales: debe reflejarse en resoluciones consistentes, transparencia en el gasto y respeto irrestricto a los derechos políticos y a la libertad de expresión.
