La seguridad y el control dentro del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Apizaco vuelven a quedar bajo cuestionamiento, luego de que en redes sociales circulara una denuncia pública de familiares de personas privadas de la libertad, quienes acusan presunta venta de drogas, extorsiones y posibles complicidades del personal penitenciario.
A través de un comunicado del colectivo “Familiares del Cereso de Apizaco. Justicia Ya”, los denunciantes hicieron un llamado urgente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al asegurar que sus familiares enfrentan condiciones preocupantes por supuestas redes de distribución de cristal y pastillas que operarían dentro del centro.
Según el escrito, el consumo de estas sustancias derivaría en deudas económicas que posteriormente se convierten en presuntas extorsiones, obligando a las familias a entregar dinero para evitar mayores problemas contra sus seres queridos. De confirmarse, estos hechos exhibirían graves fallas en los mecanismos de vigilancia y control penitenciario.
Pero la denuncia no se limita a la presencia de drogas. También apunta a una posible participación de custodios y mandos que presuntamente permitirían el ingreso de sustancias ilícitas, principalmente después de las visitas familiares de los jueves, además de la supuesta renta de teléfonos celulares dentro del penal.
La pregunta es inevitable: ¿qué hacen las autoridades penitenciarias para impedir que estas prácticas ocurran? Porque si las acusaciones tienen sustento, no se trataría únicamente de fallas de vigilancia, sino de un problema que podría involucrar a quienes tienen la responsabilidad de garantizar el orden y la seguridad dentro del Cereso.
El colectivo asegura contar con mensajes, números de cuenta y testimonios para respaldar sus señalamientos, por lo que exige revisiones después de las visitas, investigaciones sobre el personal penitenciario y la intervención de autoridades estatales y federales.
Mientras tanto, las familias siguen esperando respuestas. Un centro penitenciario no puede convertirse en un espacio donde presuntamente se distribuyan drogas, se acumulen deudas y se extorsione a personas privadas de la libertad. La autoridad tiene la obligación de investigar y aclarar qué está pasando dentro del Cereso de Apizaco, quién garantiza la vigilancia y por qué los familiares tienen que recurrir a las redes sociales para pedir auxilio.
