Redacción.
Justicia a medias es lo que el reportero de investigación Ivan Golunov está consiguiendo tras siete meses de exigir que se castigue a quienes ordenaron sembrar en su mochila, el verano pasado, una cantidad de narcóticos suficiente para encarcelarlo durante casi diez años como represalia por las denuncias de corrupción que venía difundiendo a través de Meduza, portal de Internet cuya sede se encuentra en Letonia.
Desde que Golunov quedó en libertad, en junio anterior, por la inusual movilización primero de sus colegas y seguida más tarde por la sociedad civil de este país, cuando se hizo evidente que las múltiples contradicciones de la versión oficial sólo obedecían a que el periodista era víctima de un arbitrario caso “fabricado”, el Comité de Instrucción de Rusia (CIR), cada vez que la prensa preguntaba si había novedades, reiteraba la misma respuesta: que seguía estudiando su demanda.
A fines de 2019, casi medio año después de que terminó el acoso de Golunov, el presidente Vladimir Putin confirmó, en su rueda de prensa anual, que los policías que intervinieron en su detención ilegal habían sido despedidos y anunció que el CIR había abierto una causa penal. Después se supo que lo hizo 24 horas antes de la conferencia de prensa del Presidente.
Hace unos días, varios jueces decretaron la prisión preventiva de cinco ex policías que sembraron los estupefacientes, arrestaron, interrogaron, amedrentaron y golpearon a Golunov y que –por abuso de poder, tenencia ilícita de narcóticos y falsificación de pruebas– serán sometidos a juicio.
Sin embargo, la explicación de las autoridades sobre los motivos de los presuntos culpables no satisfizo a la víctima: afirma el periodista que quieren hacer creer que el quinteto, al que atribuye rasgos de auténticos chivos expiatorios, arremetió de modo aleatorio contra la primera persona que vio en la calle y sólo para hacer méritos en el supuesto combate al narcotráfico, lo cual se traduciría en ascensos en su carrera y en estímulos monetarios.
Según esa explicación poco creíble, opina, nada tuvieron que ver los dos altos funcionarios del Servicio Federal de Seguridad que resultaron exhibidos como figuras clave en el entramado corrupto del mercado funerario de Moscú, ni el general de la policía que ordenó realizar el cateo en casa de Golunov –y que se jubiló el mismo día en que el periodista quedó en libertad–, ni el coronel que dirigió todo el operativo y que, como máximo castigo, perdió el empleo en la policía y rindió testimonio en calidad de testigo.
Golunov sostiene que su calvario obedeció a una obvia venganza por su trabajo, por lo cual seguirá demandando que el CIR no se limite a buscar evidencias sólo para castigar a los simples ejecutores –que por lo demás quedarán en libertad en la primera amnistía presidencial que se presente–, y finque responsabilidades contra aquellos que ordenaron su persecución.
