Fabiola Márquez
Por segunda ocasión en lo que va del año, la tienda Merca Asia fue clausurada por la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS). Esta acción volvió a encender la molestia y la inconformidad entre sus trabajadores. Ellos denuncian afectaciones directas a decenas de familias tlaxcaltecas que dependen de este empleo para subsistir.
El cierre del establecimiento no solo significó bajar cortinas. También interrumpió de manera inmediata los ingresos de personas que viven al día. Empleados señalaron que la clausura se realizó sin una explicación clara ni un acercamiento previo por parte de la autoridad sanitaria. Esto incrementó la incertidumbre laboral y económica. La falta de información oficial y de canales de diálogo profundizó la preocupación de quienes han depositado su confianza en esta fuente de trabajo.
“Ya no es la primera vez. Cada cierre implica días sin sueldo, deudas que se acumulan y la angustia de no saber si mañana seguiremos teniendo empleo”, expresaron trabajadores. Ellos consideran que las medidas aplicadas por COEPRIS son desproporcionadas y carentes de sensibilidad social. Esto es particularmente grave en un contexto económico adverso para las familias tlaxcaltecas.
La actuación de COEPRIS vuelve así a quedar bajo cuestionamiento. No se trata de un hecho aislado, sino de una práctica reiterada. Esta práctica evidencia una política de mano dura sin diálogo, aplicada sin medir consecuencias sociales ni económicas.
La dependencia parece olvidar que su función no es únicamente clausurar. También debe prevenir, orientar y corregir. Cuando la primera respuesta es cerrar establecimientos y dejar a trabajadores sin ingresos, la autoridad deja de ser garante de la salud pública. Además, se convierte en un factor de incertidumbre laboral.
Los empleados también cuestionaron los criterios con los que actúa la autoridad sanitaria. Ellos señalaron que mientras otros comercios operan con aparentes irregularidades sin ser sancionados, Merca Asia ha sido objeto de cierres reiterados.
Esta situación alimenta la percepción de un rigor selectivo. Esto abre dudas sobre la imparcialidad, la consistencia y la transparencia en la aplicación de la normatividad sanitaria. La ley debe aplicarse de manera pareja. De lo contrario, deja de ser justicia y se convierte en discrecionalidad.
A ello se suma el silencio institucional. Hasta el momento, COEPRIS no ha emitido una postura oficial que explique los motivos específicos de este nuevo cierre. Tampoco se han comunicado las acciones necesarias para la reapertura. Esta ausencia de información no solo alimenta rumores. También refleja una preocupante falta de rendición de cuentas y de empatía con la realidad social del estado.
Si bien los trabajadores reconocen la importancia de proteger la salud pública y cumplir con la normatividad, subrayan que la autoridad debería privilegiar el diálogo, la orientación y la regularización antes que las clausuras. “No pedimos impunidad, pedimos soluciones. Detrás de cada cortina bajada hay familias completas que hoy no saben cómo pagar la renta o llevar comida a la mesa”, señalaron.
Cuidar la salud es indispensable. Sin embargo, hacerlo a costa del sustento de decenas de familias, sin alternativas ni acompañamiento, revela una visión reducida del servicio público. COEPRIS debe entender que la salud también es estabilidad laboral, certeza económica y trato digno. De lo contrario, seguirá acumulando cierres, inconformidades y una creciente desconfianza social hacia su actuación.
