Fabiola Márquez
La dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Tlaxcala, encabezada por Enrique Padilla Sánchez desde el 27 de noviembre de 2024, atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente. Multas millonarias, adeudos con medios de comunicación, escándalos personales y un evidente desgaste moral configuran el escenario de un partido que habla de reorganización rumbo al Proceso Electoral 2026–2027, pero actúa como si el tiempo no hubiera pasado.
Trayectoria pública y cuentas pendientes
Padilla Sánchez es egresado de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Su currículum incluye cargos relevantes: Diputado Federal en el año 2000, Subsecretario de Educación Pública en Tlaxcala de 2005 a 2010, y Director General del Sistema Colegio de Bachilleres del Estado en 2011, periodo en el que se concretó la inclusión de Tlaxcala al Sistema Nacional de Bachillerato. También fue responsable de la Coordinación SEP–SNTE y Coordinador de Asesores de la Presidencia Municipal de Tlaxcala.
Con ese historial, asumió la presidencia del Comité Directivo Estatal del PRI, acompañado por Sonia Montiel Candaneda como secretaria general para el periodo 2024–2028. Sin embargo, la experiencia no se ha traducido en orden, transparencia ni autoridad moral.
Multas del ITE y austeridad obligada
El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) actualizó el 12 de enero los montos de multas acumuladas a partidos políticos entre 2023 y 2025. Para el PRI Tlaxcala, el saldo fue demoledor: un millón 804 mil 355.25 pesos, que serán descontados mensualmente de su financiamiento público.
Padilla Sánchez reconoció que el partido deberá recortar gastos operativos, reducir traslados, limitar eventos y ajustar su agenda territorial, aunque insistió en que esto no afectará su preparación electoral.
“Tenemos una escasez profunda de recursos. Profunda. Bueno, pues así es la democracia”, declaró.
Lo que no dijo es que esta “austeridad” no es una decisión responsable, sino la consecuencia directa de irregularidades acumuladas, sanciones administrativas y derrotas electorales.
Rosca y atole con el dedo: el trato a los medios
La crisis financiera del PRI también exhibió su relación con la prensa. El 7 de enero de 2025, periodistas denunciaron el incumplimiento de pagos por servicios profesionales tras un año completo de cobertura informativa.
Durante 2024, el dirigente estatal justificó reiteradamente la falta de pagos asegurando que el Comité Ejecutivo Nacional no liberó recursos y que el comité estatal carecía de presupuesto. Hoy, los medios señalan que los adeudos son comprobables, respaldados por publicaciones, fotografías y coberturas.
La molestia estalló cuando, en la rueda de prensa de inicio de año, el PRI ofreció únicamente rosca de Reyes a los comunicadores.
“Rosca y atole con el dedo”, resumieron.
Un gesto que no solo evidenció precariedad financiera, sino desprecio al trabajo periodístico y falta de palabra.
El accidente y la versión conveniente
A este escenario se sumó un hecho que terminó por exhibir la doble moral del partido. La madrugada de un viernes, alrededor de las 03:30 horas, un vehículo particular derribó un semáforo sobre el Bulevar Guillermo Valle, en la zona conocida como La Garita, en la capital del estado.
De acuerdo con reportes ciudadanos y de cuerpos de emergencia, la conductora fue identificada como Claudia Patricia N., figura estatal del PRI y persona cercana al dirigente Enrique Padilla Sánchez. El vehículo impactó directamente contra la infraestructura vial, provocando daños materiales considerables.
Paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas de Tlaxcala valoraron a la mujer, quien presentaba lesiones no graves. Durante la revisión, se detectó presunto aliento alcohólico y un posible estado etílico, dato que forma parte de los reportes preliminares.
No obstante, horas después, desde el entorno priista comenzó a difundirse una versión distinta: que el accidente se habría debido a una “situación de salud”, la cual provocó que la conductora perdiera momentáneamente la noción, descartando cualquier responsabilidad vinculada al consumo de alcohol. Hasta el momento, no se ha hecho público ningún dictamen médico oficial que respalde esta explicación.
Protección política y silencio cómplice
Pese a la gravedad del incidente y a los daños causados al patrimonio público, la dirigencia estatal del PRI guardó silencio. No hubo un posicionamiento firme, ni un deslinde institucional, ni un compromiso público para la reparación de los daños.
Al interior del propio partido, versiones coinciden en que Claudia Patricia N. es protegida directamente por Enrique Padilla Sánchez, lo que explicaría el rápido intento por reducir el hecho a un problema médico y evitar cualquier señalamiento de responsabilidad administrativa o legal.
El mensaje fue claro: cuando se trata de los cercanos al poder, la versión se acomoda; la culpa se diluye.
El “desayuno” que terminó en ridículo
Como remate, periodistas denunciaron que, tras tensiones previas, fueron convocados a un desayuno conciliador en un restaurante vinculado a la senadora Anabel Ávalos que se encuentra en el centro de la capital tlaxcalteca. El encuentro, supuestamente para ofrecer disculpas, terminó en un episodio vergonzoso: el dirigente se deslindó del pago de la cuenta, la cual terminó siendo cubierta por las propias periodistas. Un detalle menor, quizá, pero profundamente simbólico: mezquindad política, falta de palabra y desprecio al trabajo ajeno.
El PRI que quiere volver… ¿así?
Hoy, bajo la dirigencia de Enrique Padilla Sánchez, el PRI Tlaxcala enfrenta multas, deudas, escándalos, silencios y protección selectiva. El discurso de renovación se estrella contra prácticas que explican por qué el partido perdió la confianza ciudadana.
La pregunta queda en el aire:
¿Es este el PRI que pretende regresar al poder en 2027?
¿Son estos los dirigentes que merece Tlaxcala?
Porque las multas se pagan con dinero público, pero la credibilidad perdida no se recupera con pretextos ni con versiones convenientes.
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