Fabiola Márquez
En Tlaxcala la política volvió a mostrar su rostro más rancio: la herencia familiar convertida en argumento legal. La llegada de Silvano Garay Loredo al Congreso del Estado, tras la licencia de su padre Silvano Garay Ulloa, no es solo un trámite administrativo, como se ha querido vender, sino una postal clara de cómo el poder se recicla entre apellidos, aun cuando los partidos presuman cercanía con el pueblo.
El discurso fue predecible y defensivo: “es cumplimiento de la ley”. Nadie discute eso. El problema no es jurídico. El problema es político y ético. Usar la ley como escudo para justificar una sucesión familiar revela no fortaleza institucional, sino pobreza democrática.
El propio Garay Loredo terminó por confirmar lo que intentó negar. “¿Qué hijo no estaría orgulloso de su padre?”, dijo. Y ahí se cayó la narrativa. Porque si no es herencia, ¿por qué apelar al vínculo familiar? La curul no solo se heredó legalmente: se heredó simbólicamente, con el aval de un partido que ha normalizado estas prácticas.
Más grave aún es el contexto en el que ocurre. El Partido del Trabajo en Tlaxcala ya no es un partido con músculo político real. Vive de inercias, alianzas y discursos del pasado. No arrastra masas, no marca agenda y no destaca por su productividad legislativa. La curul que hoy se hereda es más un espacio de supervivencia política que de representación popular.
El antecedente inmediato no ayuda. Silvano Garay Ulloa tuvo un paso gris por el Congreso. En términos legislativos, su legado es mínimo: una sola iniciativa relevante, la creación del Parlamento de Tlachiqueros, un ejercicio más simbólico que transformador, sin impacto estructural en la vida pública del estado. Fuera de eso, no dejó una agenda sólida, ni reformas de fondo, ni liderazgo parlamentario.
Aun así, el relevo no se abrió al debate público ni a la autocrítica interna. Simplemente se activó el mecanismo legal y se pidió que nadie hiciera preguntas incómodas. El mensaje implícito es claro: no importa el desempeño, importa el apellido.
Garay Loredo habla de “continuidad de labores”, pero no presenta propuestas, no fija prioridades y no explica por qué debería merecer la confianza ciudadana más allá de ser hijo del diputado saliente. La continuidad, en realidad, es la del control político, no la del trabajo legislativo.
El discurso populista de “todos somos pueblo” resulta casi ofensivo frente a una realidad donde el Congreso sigue siendo un espacio cerrado, ajeno al mérito, a la rendición de cuentas y a la participación ciudadana. Cuando todo es “pueblo”, nadie responde por nada.
Este episodio deja una lección incómoda: en Tlaxcala, la legalidad se ha convertido en coartada para justificar el agotamiento político. El PT, lejos de fortalecerse, confirma su debilidad recurriendo a prácticas que dice combatir.
Porque sí, la herencia puede ser legal. Pero cuando se vuelve costumbre, es síntoma de un sistema que ya no representa, solo se reproduce y se vuelve nepotismo.
