UPTx bajo la rectoría de Rosalía Pérez Estrada: poder, silencio y una universidad al límite

Fabiola Márquez La Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPTx) vive uno de los momentos más críticos de su historia reciente. Lo que hoy estalla en protestas, denuncias públicas y fracturas internas no es producto de un conflicto aislado ni de una coyuntura menor, sino el resultado de una acumulación prolongada de decisiones autoritarias, omisiones institucionales, silencios administrativos y una rectoría que, lejos de asumir un liderazgo abierto y responsable, ha optado por el control del discurso, el deslinde sistemático y la contención mediática.

Bajo la rectoría de Rosalía Nalleli Pérez Estrada, la universidad enfrenta conflictos laborales sin resolver, acusaciones de presiones políticas, cobros irregulares a estudiantes, ausencia de protocolos efectivos de seguridad y un deterioro acelerado de la relación entre autoridades, trabajadores, alumnos y padres de familia. La institución, concebida como un espacio de formación académica y desarrollo social, hoy se encuentra atrapada en una lógica de poder vertical que ha debilitado su gobernanza interna.

El estallido que evidenció la crisis

La toma de instalaciones federales en la Ciudad de México por parte de trabajadores sindicalizados de la UPTx no fue un acto radical ni una maniobra de presión improvisada. Fue, en los hechos, el punto de quiebre de una universidad agotada por la falta de diálogo y por una rectoría que, según los propios trabajadores, ha mostrado resistencia a cualquier forma de organización colectiva que implique contrapesos reales al poder administrativo.

Desde las cinco de la mañana, integrantes del Sindicato de Trabajadores Profesionistas y de Servicios Similares y Conexos de la UPTx ocuparon las oficinas del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para exigir la entrega de la Constancia de Representatividad Sindical, un documento retenido durante casi dos años sin justificación clara.

Durante ese periodo, los trabajadores denunciaron dilaciones sistemáticas, respuestas ambiguas y una cadena de obstáculos que impidieron consolidar la vida sindical. Sin la constancia, el sindicato carecía de herramientas legales para negociar condiciones laborales, defender derechos o frenar decisiones unilaterales.

La protesta obligó a las autoridades federales a intervenir y comprometer la entrega del documento, algo que no se había logrado mediante los canales institucionales ordinarios. El mensaje fue contundente: en la UPTx, el diálogo interno no existe o está condicionado a la presión externa.

Precarización y control: el trasfondo laboral

Más allá del trámite administrativo, el conflicto sindical exhibe una problemática estructural: la normalización de la precarización laboral y la concentración del poder en la rectoría. Trabajadores señalan que la administración ha evitado deliberadamente el fortalecimiento del sindicato, prolongando la indefinición jurídica como una forma de control.

La falta de interlocución, la ausencia de mesas permanentes de negociación y el desinterés por construir acuerdos revelan una visión de gestión donde el conflicto no se resuelve, se administra; donde los derechos laborales no se reconocen, se postergan.

Esta lógica ha generado un clima de desgaste, temor y desconfianza que permea todas las áreas de la universidad.

Presiones políticas: la universidad como moneda de cambio

A la crisis laboral se suman denuncias particularmente graves: el presunto uso de la UPTx como instrumento político. Estudiantes y docentes han señalado que se les presionó para afiliarse a un partido político a cambio de beneficios académicos o estabilidad laboral.

Alumnos relatan ofrecimientos de mejora en calificaciones; docentes denuncian advertencias veladas sobre la reducción de su carga horaria si no “cooperaban”. Estas prácticas, de confirmarse, no solo violan la autonomía universitaria, sino que convierten a una institución pública en un mecanismo de operación política.

El elemento más preocupante es el silencio institucional. La rectoría no ha anunciado investigaciones internas, no ha iniciado procedimientos administrativos, no ha emitido deslindes claros. En un contexto así, la omisión deja de ser neutral y se convierte en una forma de aval implícito.

Cobros irregulares: la educación bajo condición

El malestar estudiantil se intensificó cuando se denunció el cobro en efectivo para asistir a un congreso académico que, de manera sorpresiva, se volvió requisito obligatorio para acreditar una materia. La decisión contradijo información previa y carece de transparencia sobre el manejo de los recursos.

Los estudiantes documentaron el cambio arbitrario mediante mensajes y avisos oficiales, y denunciaron la violación directa al principio constitucional de gratuidad de la educación pública. Para ellos, el problema no es solo el monto, sino el precedente: la posibilidad de condicionar el avance académico al pago, sin reglas claras ni rendición de cuentas.

Hasta ahora, la rectoría no ha explicado el destino del dinero ni ha ordenado una auditoría interna. El silencio vuelve a ser la respuesta.

Violencia, alcohol y la política del deslinde

Las declaraciones públicas de Rosalía Pérez Estrada sobre riñas, consumo de alcohol y conductas de riesgo entre estudiantes profundizaron la crisis de confianza. Si bien reconoció conflictos recurrentes, insistió en que estos ocurren fuera del campus y que muchos de los involucrados “no son estudiantes” de la UPTx.

Padres y alumnos consideran que esta postura minimiza el problema y evade la responsabilidad institucional. La universidad reconoce patrones claros: días específicos, consumo de alcohol, concentración de jóvenes, reincidencia. Sin embargo, no presenta diagnósticos profesionales, estadísticas, sanciones claras ni protocolos integrales de prevención.

No se conocen convenios formales con autoridades municipales o estatales, ni estrategias de intervención comunitaria. La prevención, en el discurso rectoral, existe más como narrativa que como política pública universitaria.

Autoritarismo y control del discurso

Las denuncias de padres de familia y estudiantes van más allá de la inseguridad. Acusan a la rectora de ejercer un manejo discrecional de la universidad, cambiar reglas sobre la marcha, tomar decisiones sin consenso y gobernar mediante instrucciones verticales.

Pero el señalamiento más delicado es el intento de controlar la narrativa pública. Según los denunciantes, la rectoría busca frenar la exposición mediática de los conflictos, priorizando la imagen institucional por encima del derecho de la comunidad a la información, la seguridad y la verdad.

“El problema no es que se hable de la UPTx; el problema es lo que está pasando y no se quiere reconocer”, afirman padres inconformes.

Un entorno abandonado

El entorno inmediato de la universidad se ha convertido en un reflejo del abandono institucional. Comercios aledaños venden alcohol de manera abierta, generando una dinámica que padres y alumnos describen como incompatible con una institución de educación superior.

Esta situación es conocida por la rectoría, pero no existen acciones firmes ni exigencias públicas para regular el entorno. No hay presión institucional, no hay coordinación visible, no hay liderazgo. La omisión ha permitido que el problema crezca y se normalice.

Rectoría histórica, liderazgo cuestionado

La llegada de Rosalía Pérez Estrada fue celebrada como un hecho histórico: la primera mujer en encabezar la UPTx en 19 años. Su trayectoria académica y experiencia profesional generaron expectativas legítimas.

Hoy, esas expectativas chocan con una realidad marcada por la concentración del poder, la falta de autocrítica y una gestión que privilegia el control sobre el diálogo.

La crisis de la UPTx no es solo administrativa: es una crisis de gobernanza. Cuando una universidad no investiga, no sanciona, no transparenta y no escucha, el problema deja de ser externo.

El fondo del conflicto

La pregunta ya no es si la UPTx atraviesa una crisis, sino hasta cuándo la rectoría de Rosalía Pérez Estrada seguirá administrando el conflicto en lugar de enfrentarlo con responsabilidad.

Porque en una universidad pública, callar no es gobernar. Deslindarse no es prevenir. Controlar la imagen no es proteger a los estudiantes. Y cuando el silencio se convierte en política institucional, la responsabilidad deja de ser abstracta y tiene nombre, cargo y poder.