Fabiola Márquez
El secretario de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala, Alberto Martín Perea Marrufo, afirmó que la intervención de las fuerzas estatales ante el reciente desborde de protestas campesinas en Nanacamilpan respondió a la necesidad de restablecer el Estado de Derecho, luego de que aseguró las manifestaciones escalaran más allá de los acuerdos establecidos en mesas de diálogo.
El funcionario explicó que, previo a los hechos, autoridades estatales y del gobierno federal habían sostenido encuentros con los inconformes, logrando avances y acuerdos iniciales. Sin embargo, señaló que la situación se salió de control cuando las demandas comenzaron a exceder los compromisos previamente pactados.
Perea Marrufo subrayó que si bien el derecho a la manifestación es legítimo, este tiene límites cuando afecta a terceros. En ese sentido, indicó que los bloqueos generaron pérdidas económicas millonarias, particularmente por la interrupción en el traslado de mercancías que circulan por vías estratégicas que cruzan el estado.
El titular de Seguridad detalló que la protesta dejó de ser pacífica al incluir consignas agresivas, quema de llantas y el uso de petardos contra elementos de la corporación, lo que, afirmó, representó un claro quebrantamiento del orden legal.
Ante este escenario, sostuvo que el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad de la población y la funcionalidad de las vías de comunicación, por lo que se determinó implementar un operativo para liberar las zonas bloqueadas.
En cuanto al uso de la fuerza, el secretario aseguró que se aplicaron protocolos graduales y no letales, utilizando únicamente herramientas como agua y gas para dispersar a los manifestantes. Enfatizó que no se registraron personas con lesiones graves, rechazando versiones que apuntaban a un uso excesivo de la fuerza.
Asimismo, recordó que bloquear o atacar vías de comunicación constituye un delito federal, por lo que en esta ocasión dijo se rebasaron los márgenes de tolerancia que se habían mantenido durante procesos de diálogo anteriores.
Finalmente, Perea Marrufo reiteró que el actuar de las autoridades se apegó a la ley y tuvo como objetivo principal restablecer el orden, proteger a la ciudadanía y garantizar la libre circulación, en un contexto donde aseguró ya no era posible sostener la situación únicamente mediante el diálogo.
