Las dirigencias de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México comenzaron a discutir nuevos mecanismos de control para evitar que personas con posibles vínculos con el crimen organizado lleguen a candidaturas en las elecciones de 2027.
Entre las propuestas destaca solicitar información preventiva a autoridades de seguridad y procuración de justicia sobre quienes busquen representar a la coalición.
La presidenta de la Comisión de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, señaló que las mesas de trabajo retomadas junto con liderazgos partidistas contemplan endurecer los requisitos para aspirantes, más allá de la tradicional carta de no antecedentes penales.
El objetivo, afirmaron, es garantizar perfiles con solvencia ética y sin señalamientos relacionados con actividades ilícitas.
Por su parte, la dirigente nacional del Partido Verde, Karen Castrejón, planteó incluso la posibilidad de solicitar investigaciones preliminares ante la Fiscalía General de la República y dependencias de seguridad federal para detectar riesgos antes de las postulaciones oficiales.
La propuesta surge en medio del clima político generado por acusaciones desde Estados Unidos contra funcionarios mexicanos presuntamente ligados al narcotráfico.
El debate ocurre mientras el oficialismo enfrenta presión internacional y cuestionamientos de la oposición sobre presuntos casos de “narcopolítica”.
Ante ello, la presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en que no se protegerá a ningún funcionario si existen pruebas, aunque también ha defendido la soberanía nacional frente a las investigaciones impulsadas desde Washington.
