Fabiola Márquez
Lo ocurrido en Ignacio Zaragoza, Huamantla, no puede quedarse solamente en la cifra de un menor muerto y tres personas heridas. Hay una pregunta que debería incomodar a todos: ¿qué van a hacer las autoridades para evitar que esto vuelva a ocurrir? Porque cuando dos grupos tienen enfrentamientos recurrentes y la violencia escala hasta las armas de fuego, ya no se trata de una simple riña.
También hay una responsabilidad evidente de quienes participan en estos conflictos. Ninguna diferencia entre particulares puede justificar que se utilicen armas y se ponga en riesgo a familias, vecinos y, en este caso, a un menor que terminó perdiendo la vida. Los ciudadanos tienen derecho a exigir seguridad, pero también existe una responsabilidad individual de quienes generan y mantienen estos enfrentamientos.
Sin embargo, la autoridad tampoco puede limitarse a llegar después de que ocurre una tragedia. Si, como señalan los vecinos, desde hace meses existen conflictos entre estos grupos, entonces la pregunta es inevitable: ¿qué se hizo para prevenirlos? La prevención implica identificar los focos de violencia, atender los reportes ciudadanos y mantener presencia policial antes de que los disparos sean la única señal de que algo está ocurriendo.Y aquí aparece uno de los puntos más delicados: el tiempo de respuesta.
Si los testimonios vecinales sobre la llegada de los cuerpos de seguridad hasta alrededor de las 23:30 horas son correctos, las autoridades deben explicar qué ocurrió, cuándo recibieron los primeros reportes y por qué la respuesta tomó tanto tiempo. No basta con aparecer cuando ya hay víctimas; la ciudadanía necesita una policía capaz de reaccionar oportunamente.
Pero tampoco sería correcto cargar toda la responsabilidad sobre el gobierno. Hay una cultura de tolerancia hacia ciertas conductas violentas que también debe cuestionarse. Cuando una comunidad sabe quiénes participan en conflictos recurrentes, pero nadie denuncia por miedo o por considerar que “siempre ha sido así”, el problema se vuelve más difícil de combatir.Lo que ocurrió en Ignacio Zaragoza debería ser un punto de quiebre. Las autoridades deben investigar, detener a los responsables conforme a derecho, reforzar la vigilancia y explicar públicamente qué medidas tomarán para evitar otro enfrentamiento. Y los ciudadanos, por su parte, deben rechazar la violencia y colaborar con las autoridades sin exponerse a represalias.
Porque cuando un conflicto entre grupos termina cobrando la vida de un menor, ya no hay espacio para mirar hacia otro lado: alguien tiene que actuar antes de que la próxima tragedia vuelva a ser noticia.
