El Partido Revolucionario Institucional (PRI) volvió a colocarse en el papel de defensor de la justicia y enemigo de la impunidad al utilizar el caso de Rubén Rocha Moya para exigir explicaciones a Morena. El partido cuestionó que el gobernador de Sinaloa pueda regresar a sus funciones y posteriormente separarse nuevamente del cargo, pero en su posicionamiento dejó de lado un detalle incómodo durante décadas, el PRI fue precisamente uno de los principales protagonistas de los gobiernos que hoy acusa de permitir impunidad.
Para el priismo, Rocha Moya es ahora el “rostro de Morena” y un símbolo de lo que califica como falta de contundencia frente a los señalamientos. Sin embargo, el partido parece dispuesto a exigir una vara de justicia más alta para sus adversarios que la que durante años permitió aplicar dentro de sus propias filas. La indignación priista llega cuando el señalado pertenece a Morena; cuando los cuestionamientos alcanzaban a personajes surgidos de gobiernos priistas, la memoria política parece ser mucho más selectiva.
El PRI también metió en el mismo discurso a Marina del Pilar Ávila, Alfonso Durazo, Américo Villarreal, Adán Augusto López Hernández y Andrés Manuel López Beltrán, además de presentar cifras millonarias relacionadas con presuntos contratos y negocios que, asegura, deben investigarse. Y sí, cualquier señalamiento debe ser investigado. Pero convertir una lista de nombres y montos en discurso político no sustituye las pruebas ni las resoluciones de las autoridades. Exigir investigaciones es válido; presentar acusaciones como munición electoral es otra cosa.
La parte más llamativa del mensaje llegó cuando el PRI aseguró que, si estuviera gobernando, los señalados tendrían que enfrentar a la justicia. Una frase difícil de sostener para un partido que gobernó durante décadas y que carga con un amplio historial de escándalos, acusaciones de corrupción y personajes que, aun señalados públicamente, conservaron poder político o evitaron consecuencias inmediatas. El problema no es que el PRI exija justicia, sino que pretenda hablar como si nunca hubiera tenido nada que explicar.
El priismo busca recuperar terreno político aprovechando las crisis y señalamientos que rodean a Morena. Es una estrategia legítima en la disputa partidista, pero su discurso pierde fuerza cuando intenta venderse como una autoridad moral absoluta en materia de combate a la corrupción. La impunidad no nació con Morena, aunque Morena tampoco puede utilizar ese pasado para evadir los cuestionamientos que enfrenta hoy.
Si el PRI realmente quiere que ningún funcionario esté por encima de la ley, tendría que aplicar el mismo discurso hacia todos, incluidos sus propios personajes y su propia historia. De lo contrario, su exigencia de justicia corre el riesgo de parecer menos una defensa de las víctimas y la legalidad, y más un intento de convertir cada escándalo ajeno en una oportunidad para recuperar relevancia.
Al final, el mensaje del PRI contra Morena puede resumirse en una contradicción: exige que los adversarios enfrenten a la justicia, pero evita hacer una autocrítica seria sobre el sistema político que también ayudó a construir. Y mientras los partidos se disputan quién ha sido menos corrupto, la verdadera exigencia sigue siendo la misma que las investigaciones no dependan del color del partido y que la justicia deje de ser un discurso útil solamente cuando el señalado es el rival político.
