La situación de las personas que viven o permanecen en espacios públicos representa un desafío para las autoridades, no solamente por las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan, sino también por la dificultad de contar con información homogénea que permita dimensionar el fenómeno en cada entidad.
Datos del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales 2025 elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), muestran que durante 2024 existían en el país 61 albergues o dormitorios públicos para personas en situación de calle, como parte de los alojamientos de asistencia social operados por gobiernos municipales.
El mismo ejercicio estadístico señala que los alojamientos de asistencia social incluyen distintos tipos de espacios, entre ellos casas hogar para adultos mayores, refugios para mujeres, albergues para población vulnerable y establecimientos destinados específicamente a personas en situación de calle.
Este dato no significa que el estado carezca de servicios de asistencia, sino que existe una dificultad para obtener información municipal comparable sobre los recursos destinados a este tipo de establecimientos. La falta de datos homogéneos también complica establecer comparaciones precisas entre entidades.
El tema adquiere relevancia porque vivir en situación de calle puede estar relacionado con diferentes circunstancias, como pérdida de vivienda, abandono, ruptura de redes familiares, problemas económicos o situaciones de violencia, por lo que no se trata de una población homogénea.
En Tlaxcala, registros de Protección Civil de la capital también muestran que durante los primeros nueve meses de 2024 se atendieron siete reportes clasificados específicamente como “persona en situación de calle” cuatro durante el primer trimestre, uno en el segundo y dos en el tercero se trata de reportes de atención y no de un censo de personas, por lo que no permiten determinar cuántas personas viven en esta condición.
Más que reducir el tema a una cifra, los datos disponibles plantean la necesidad de conocer cuántas personas atraviesan esta situación, dónde se concentran y qué tipo de atención reciben. Para Tlaxcala, contar con información actualizada y comparable permitiría dimensionar mejor el fenómeno y evaluar las necesidades de esta población.
