Fabiola Márquez. El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Javier Marroquín Calderón, cuestionó a la diputada Miriam Martínez Sánchez por su propuesta de exigir al menos cinco años de residencia en Tlaxcala a quienes aspiren a ocupar determinados cargos públicos, aunque sus propios antecedentes en la discusión sobre funcionarios foráneos también han generado polémica.
Marroquín Calderón consideró que el planteamiento legislativo de la diputada no va por buen camino y lanzó una crítica directa a su desempeño: “Que sea diputada tres años, no sólo en tiempos electorales”, sentenció.
La iniciativa de Martínez Sánchez abre nuevamente el debate sobre qué tanto debe pesar la residencia en Tlaxcala para quienes ocupan cargos públicos, particularmente cuando se busca garantizar que quienes toman decisiones conozcan de primera mano las necesidades y problemáticas de la entidad.
Sin embargo, la crítica de Marroquín adquiere otra dimensión si se toma en cuenta que el propio funcionario ha estado en el centro de una polémica por sus declaraciones en torno a los servidores públicos provenientes de otros estados, al señalar en su momento que funcionarios poblanos o de otras entidades han contribuido a enaltecer a Tlaxcala incluso más que algunos funcionarios tlaxcaltecas.
Así, mientras Miriam Martínez pretende cerrar la puerta a quienes no acrediten una residencia prolongada en la entidad, Marroquín ha defendido públicamente la capacidad de funcionarios que llegaron de fuera, generando una aparente contradicción entre ambas posturas.
El encontronazo deja sobre la mesa una discusión que va más allá de los cinco años de residencia: ¿debe importar más el lugar de origen y el tiempo que se ha vivido en Tlaxcala, o los resultados que cada funcionario pueda demostrar? Porque, en ambos casos, la ciudadanía también puede cuestionar qué tanto han cumplido con sus responsabilidades quienes ya ocupan un cargo.
La diputada deberá defender los alcances y alcances reales de su propuesta, mientras que Marroquín también tendrá que sostener con resultados su argumento de que funcionarios provenientes de otros lugares pueden representar mejor a Tlaxcala que los propios tlaxcaltecas.
Al final, la polémica evidencia que tanto legisladores como funcionarios tienen cuentas pendientes con la ciudadanía: unos, para demostrar que sus iniciativas responden a las necesidades reales del estado, y otros, para acreditar que sus declaraciones no terminan siendo solamente discursos políticos.
