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ASF revela más de 65 mil millones de pesos pendientes por aclarar en la Cuenta Pública 2024

Un hombre mayor con cabello gris, vestido con traje oscuro y corbata, hablando en un micrófono con una expresión de determinación y fuerza, gesticulando con el puño cerrado, en un evento oficial con b.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó este martes ante la Cámara de Diputados su tercera y última entrega de resultados de la Cuenta Pública 2024, correspondiente al último año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en la que documentó más de 65 mil 169 millones de pesos que aún no han sido debidamente justificados o aclarados por los entes fiscalizados.

Este monto representa recursos cuya aplicación no se ha acreditado conforme a la normativa fiscal y administrativa vigente.

Del monto global observado, la mayoría de las irregularidades se concentró en gobiernos estatales y municipios, con más de 59 mil 363 millones de pesos pendientes por aclarar en el gasto federalizado, fondos que incluyen aportaciones y participaciones federales transferidas a las entidades locales.

Por su parte, otros recursos investigados por la ASF corresponden al Poder Judicial, diversas dependencias del gobierno federal y organismos constitucionalmente autónomos.

El reporte presentado por el auditor superior, David Colmenares Páramo, señaló que en total se realizaron 2 mil 265 auditorías en el ejercicio fiscal 2024, de las cuales más de mil 300 estaban enfocadas en gasto federalizado y su correcta aplicación.

De estas revisiones surgieron pliegos de observaciones, solicitudes de aclaración y recomendaciones para que las autoridades responsables acrediten o reintegren los recursos faltantes dentro de los plazos establecidos.

Especialistas en fiscalización y transparencia han señalado que este volumen de recursos pendientes por aclarar evidencia retos persistentes en el uso y supervisión de fondos públicos, particularmente en las entidades subnacionales, donde la documentación comprobatoria no siempre se presenta o carece de soporte suficiente.

El informe también abre la posibilidad de que, una vez concluidos los procesos de auditoría, se inicien acciones de responsabilidad administrativa o incluso penal en caso de que se acrediten daños al erario.

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