Fabiola Márquez
La empresa Autotransportes Tlaxcala, Apizaco, Huamantla (ATAH) sufrió un golpe de fondo al perder el juicio de amparo con el que pretendía frenar la regulación y apertura de la ruta Tlaxcala–Apizaco, uno de los corredores carreteros más rentables, transitados y estratégicos del estado. El resolutivo judicial le impide mantener el control casi absoluto que ejerció durante años sobre este tramo y fortalece la intervención de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT).
Con este fallo, la empresa queda sin el blindaje legal que buscaba para conservar el dominio de una ruta clave en términos económicos y de movilidad regional, lo que abre la posibilidad a una reconfiguración del servicio, la revisión de concesiones y, eventualmente, la entrada de nuevos operadores.
El antecedente central del conflicto se remonta al 13 de septiembre de 2024, cuando la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros firmó y publicó las bases que acreditan la existencia de necesidad pública para regular el transporte de pasajeros en dicho corredor. La decisión se sustentó en un estudio de factibilidad que documentó saturación de unidades, deficiencias operativas y una creciente demanda de usuarios, factores que, según el gobierno estatal, justifican una intervención directa para garantizar un mejor servicio.
La pérdida del amparo no ocurre en el vacío. ATAH enfrenta desde hace meses una ola de inconformidades ciudadanas y señalamientos públicos que han deteriorado su imagen y colocado a la empresa bajo el escrutinio de autoridades y usuarios.
Entre las polémicas más recientes destacan las acusaciones por no respetar descuentos a estudiantes y docentes, particularmente en corridas que conectan con Puebla, lo que desató reclamos en redes sociales y denuncias públicas en temporadas clave como el regreso a clases. Usuarios señalaron cobros completos pese a presentar credenciales vigentes, una práctica que contraviene disposiciones oficiales.
A ello se suman quejas recurrentes por el estado de las unidades, retrasos, sobrecupo y presuntas irregularidades en la documentación de algunos autobuses y operadores. Estos señalamientos han sido utilizados como argumento por la SMyT para reforzar la necesidad de regular una ruta que, pese a su alta rentabilidad, arrastra problemas estructurales en la calidad del servicio.
Incluso, en distintos momentos, la empresa ha sido señalada por resistirse a procesos de supervisión, lo que ha alimentado la percepción de que busca mantener privilegios históricos más que adaptarse a un nuevo esquema de movilidad impulsado por el gobierno estatal.
El revés legal para ATAH marca un precedente relevante en la política de movilidad de Tlaxcala, al reafirmar la facultad del Ejecutivo estatal para intervenir rutas consideradas estratégicas bajo el argumento del interés público, aun cuando existan intereses empresariales consolidados.
Aunque la empresa aún podría intentar otras vías jurídicas, el escenario actual la coloca en una posición vulnerable y con margen de maniobra reducido. La ruta Tlaxcala–Apizaco, durante años considerada prácticamente intocable, entra ahora en una nueva etapa de revisión, regulación y posible redistribución de concesiones.
En los próximos meses, el pulso entre la autoridad y la empresa será clave para definir si la regulación se traduce en una mejora real del servicio para los usuarios o si el conflicto legal y político escala a un nuevo nivel. Por lo pronto, el fallo judicial deja claro que ATAH ya no tiene el control asegurado de uno de los corredores más importantes del estado.
