Fabiola Márquez
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDHT), institución pública autónoma encargada de proteger, promover y vigilar el respeto de las garantías fundamentales de quienes habitan o transitan por el estado, enfrenta retos complejos y persistentes en 2025-2026 bajo la presidencia de Jakqueline Ordoñez Brasdefer.
A pesar de esfuerzos institucionales y proyectos de capacitación, diversas problemáticas estructurales, brechas de atención y bajo acceso a la justicia para ciertos grupos sociales han caracterizado el funcionamiento de la comisión en los últimos años.
Elevado número de quejas y contexto actual
Durante 2025, la CEDHT radicó 396 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos, según informó la propia titular del organismo, lo que evidencia la continua demanda de la población por acceso a justicia y reparación ante posibles agravios cometidos por autoridades o particulares.
Estas quejas abarcan diferentes tipos de violaciones, desde presuntos malos tratos y negligencias administrativas hasta la protección de derechos de grupos vulnerables, aunque las estadísticas detalladas por tipo aún no han sido publicadas íntegramente por la comisión.
Uno de los cuestionamientos más relevantes hacia la CEDHT ha sido su limitada recepción de quejas por parte de grupos específicos, como las mujeres indígenas. Aunque el año 2025 fue declarado a nivel federal como el Año de la Mujer Indígena, la CEDHT reportó haber recibido solo una queja presentada por una mujer que se autoidentificó como indígena, relacionada con presuntas violaciones a los derechos humanos de su hijo en materia educativa.
Este dato ha generado cuestionamientos sobre la accesibilidad del organismo y su capacidad para atraer y atender denuncias de poblaciones tradicionalmente vulnerables. Existen también estudios previos que muestran que mujeres y pueblos indígenas figuran entre los grupos que presentan un mayor número de solicitudes de queja en la región, lo que sugiere una brecha entre la realidad de los derechos vulnerados y la formalización de quejas en instancias oficiales.
Además de las tendencias en las cifras, organizaciones civiles y defensores de derechos humanos han advertido que en Tlaxcala persisten dificultades para que la ciudadanía conozca y confíe en el mecanismo de atención de quejas, lo que podría limitar la presentación de denuncias formales ante la CEDHT. La falta de una cultura robusta de denuncia y la percepción de procesos burocráticos son factores que inciden en estos patrones.
La percepción pública también se ha visto afectada por situaciones externas, como demandas para que se respeten laicidad del estado e integridad personal tras decisiones legales sobre derechos reproductivos, lo cual demuestra tensiones sociales en torno a derechos civiles y políticos que, si bien no siempre terminan en quejas ante la CEDHT, sí constituyen un reclamo social más amplio.
A pesar de las deficiencias en la captación de quejas de algunos grupos, la CEDHT ha mantenido un papel activo en emitir recomendaciones y posicionamientos ante actos que considera violatorios de derechos humanos. Por ejemplo, el organismo emitió un posicionamiento sobre la Acción de Inconstitucionalidad 89/2024, dictada por la Suprema Corte, con enfoque en la protección de derechos contenidos en normas estatales de salud.
Asimismo, la comisión ha promovido actividades de capacitación con enfoque en igualdad de género y empoderamiento digital para mujeres, como el proyecto “Red-uciendo la Brecha Digital”, que busca formar liderazgos femeninos con herramientas tecnológicas, subrayando la importancia de la justicia social y la igualdad de oportunidades para el desarrollo de derechos en la práctica.
El contexto de los derechos humanos en Tlaxcala no se limita a la actividad de la CEDHT. A nivel estatal y social, continúan los retos en materia de discriminación, presunta violencia institucional y violaciones de derechos básicos: desde conflictos por discriminación en escuelas rurales, hasta reclamos por uso excesivo de la fuerza o presuntos actos de tortura que diversas organizaciones han señalado como persistentes en el estado.
A ello se suman denuncias ciudadanas sobre violencia de género, la prevención y atención de casos de trata de personas y la exigencia de medidas de protección frente a amenazas hacia defensoras de derechos reproductivos, todas manifestaciones de un panorama social donde la garantía plena de derechos aún enfrenta obstáculos significativos.
Especialistas en derechos humanos y activistas coinciden en que la CEDHT requiere fortalecimiento institucional, mayor visibilidad y estrategias específicas para acercar sus servicios a los grupos más vulnerables, así como una articulación más sólida con otras instancias de protección nacional y organismos civiles.
Esto implica medidas como capacitación continua para personal, campañas de difusión sobre cómo presentar quejas y acompañamiento para comunidades indígenas y mujeres en contextos rurales.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala se encuentra en un punto crítico de su desarrollo institucional: mientras atiende de forma continua cientos de quejas y mantiene actividades de promoción de derechos bajo el liderazgo de Jakqueline Ordoñez Brasdefer, enfrenta serios retos en accesibilidad, representación de grupos vulnerables y cobertura efectiva de problemáticas emergentes en la entidad.
Finalmente para fortalecer su rol como garante de derechos humanos en el estado, expertos y sociedad civil plantean la necesidad de reforzar su presencia, mejorar los mecanismos de recepción de quejas y consolidar una cultura de respeto y promoción de derechos humanos que llegue a todos los sectores de la población.
