Fabiola Márquez
La titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), Mónica Jazmín Jimenes, aseguró que hasta el momento no se ha detectado ningún acto de corrupción o extorsión por parte de los verificadores sanitarios, y afirmó que existen mecanismos estrictos de vigilancia para garantizar la transparencia en las inspecciones a comercios.
Ante los señalamientos de comerciantes que aseguran haber sido presionados para entregar dinero a cambio de evitar sanciones, la funcionaria explicó que todas las visitas de verificación se realizan con videocámaras corporales, las cuales no pueden ser manipuladas, apagadas ni alteradas por el personal operativo.
“Los verificadores acuden con videocámaras que funcionan con claves de seguridad; los videos no se pueden cortar y deben revisarse completos. Solo una persona autorizada tiene acceso a ese material”, puntualizó Jimenes, al destacar que esta medida forma parte de una estrategia nacional del nuevo gobierno para combatir la corrupción.
En ese contexto, reiteró que si existe alguna irregularidad, los ciudadanos deben presentar la denuncia formal ante la Fiscalía, la Secretaría de Nuevo Gobierno o las instancias anticorrupción correspondientes.
Mónica Jazmín Jimenes afirmó que atiende de manera personal a los comerciantes que solicitan audiencia, siguiendo la instrucción de la gobernadora de mantener cercanía con la ciudadanía.
“Es fácil llegar conmigo, basta con solicitar una cita. Yo atiendo directamente a las personas”, señaló. No obstante, aclaró que muchos comerciantes buscan soluciones inmediatas, lo cual no siempre es posible, ya que acelerar trámites fuera de los procesos legales también constituiría un acto de corrupción.
Respecto a los cierres temporales de establecimientos, explicó que la ley establece un plazo máximo de suspensión de hasta tres meses, aunque este periodo depende del tiempo que los propietarios tardan en corregir las irregularidades detectadas durante las verificaciones.
“La suspensión no es un castigo, sino una medida administrativa. Hemos tenido comercios que aprovechan para corregir, remodelar y cumplir adecuadamente; incluso muchos regresan agradecidos”, comentó.
Sobre las tiendas de origen chino, la titular de COEPRIS precisó que algunas suspensiones no fueron realizadas directamente por esta dependencia, sino por otras instancias, y recordó que dichos establecimientos ya habían sido sancionados anteriormente por las mismas irregularidades.
Detalló que una de las principales faltas detectadas es la ausencia de etiquetado en español, principalmente en productos cosméticos, lo que representa un riesgo para la salud de los consumidores, ya que se han registrado casos de alergias.
“No solo se vigila al comercio, sino que se protege a toda la población que adquiere estos productos”, enfatizó.
Finalmente, Mónica Jazmín Jimenes reiteró el llamado a los comerciantes y ciudadanos a denunciar cualquier intento de extorsión, y subrayó que el objetivo de las verificaciones sanitarias es proteger la salud pública, no afectar de manera injustificada la economía local.
