Fabiola Márquez
Organizaciones feministas señalaron inconsistencias graves en el registro oficial de feminicidios en Tlaxcala, así como omisiones en la aplicación de la Alerta por Violencia de Género y en el acompañamiento a familias de víctimas.
Durante una entrevista, activistas denunciaron que las cifras reportadas por las autoridades estatales y federales no coinciden con la documentación independiente realizada por colectivos.
De acuerdo con el último informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública correspondiente a septiembre, Tlaxcala reportó seis feminicidios, seis homicidios dolosos y seis culposos. Sin embargo, las organizaciones han identificado alrededor de 20 casos posibles de feminicidio, lo que evidencia un subregistro y falta de investigaciones con perspectiva de género.
Las activistas denunciaron que persiste la práctica de clasificar asesinatos de mujeres como suicidios, pese a que a nivel nacional se han documentado numerosos casos en los que feminicidas buscan simular esta causa de muerte. Afirmaron que, cuando las autoridades catalogan los hechos sin investigar a fondo, se afecta directamente el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.
También recordaron que la sentencia del caso María Anahí , emitida desde 2015 y referente nacional para la investigación de muertes violentas de mujeres, continúa sin aplicarse plenamente en Tlaxcala, pese a que recientemente el gobierno estatal aseguró que sería implementada. “Que solo se pronuncie, pero no se aplique, es una narrativa de omisión”, señalaron.
Como ejemplo de estas deficiencias, mencionaron el caso de Estefanía Hernández, víctima de feminicidio el 3 de diciembre de 2021.
Aunque ya se contaba con una sentencia y una pena establecida para el responsable, en octubre autoridades informaron a la familia que debía realizarse una reposición del proceso, debido a que las audiencias no se llevaron a cabo en los tiempos establecidos por la ley.
Las activistas explicaron que la normativa marca un máximo de 10 días hábiles entre audiencias, pero en este caso se rebasaron los plazos. Aun así, señalan que esta situación se originó por la falta de personal y jueces en el Poder Judicial, y no por omisiones de la familia o fallas sustantivas en el juicio.
Pese a que la defensa del feminicida argumentó violación al debido proceso, los colectivos enfatizaron que este tipo de retrasos debería analizarse con perspectiva de género, considerando el impacto revictimizante para la familia y el hecho de que no altera el contenido de la sentencia ni la responsabilidad legal del agresor.
Sin embargo, la reposición ha alargado el proceso y ha retrasado el acceso a la justicia.
Las organizaciones también criticaron que el gobierno estatal no ha tenido acercamiento con la familia de Estefanía Hernández. Aunque hace unos meses se presentó un programa para atender a hijas, hijos y familiares de víctimas de feminicidio, ninguna de las familias acompañadas por las activistas de Huamantla, Ixtenco, Tlaxcala y otros municipios ha sido convocada o beneficiada.
El programa, cuyo nombre oficial será compartido posteriormente, contempla apoyo en educación, salud, alimentación y desarrollo integral, principalmente para niñas, niños y familiares directos.
Sin embargo, las denunciantes señalaron que hasta ahora solo se ha presentado ante medios, pero no se ha implementado ni discutido con las organizaciones, lo cual constituye otra omisión dentro de las medidas de la Alerta de Género.
Las activistas recordaron que la Alerta por Violencia de Género en Tlaxcala cumplió cuatro años, y aclararon que fue la sociedad civil, no el gobierno estatal, quien solicitó su activación. Señalaron que su cumplimiento no depende de la voluntad del gobierno local, sino de una obligación establecida por la Federación.
Lamentaron que se difunda la narrativa de que la alerta “está funcionando”, cuando en realidad las acciones no han sido suficientes ni eficaces. Por ello, urgieron a retomar con seriedad las sesiones del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) y reforzar las medidas orientadas a prevenir y atender la violencia feminicida, sexual y las desapariciones de mujeres.
Finalmente, hicieron un llamado al sistema de justicia estatal, al que señalaron con “muchas deudas y pendientes” para garantizar acompañamiento, diligencia y reparación del daño en favor de las familias.
