Fabiola Márquez
En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, el colectivo LGBTTTI+ de Tlaxcala alzó la voz para denunciar los retrocesos en atención, prevención y diagnóstico del VIH/SIDA en México, y exigió al Estado retomar su responsabilidad con políticas sólidas y recursos efectivos.
Antonio Escobar Muñoz, director del programa de VIH y derechos humanos del colectivo, el lema de este año “superando las interrupciones, transformando la respuesta al SIDA”refleja una realidad crítica: los sistemas de salud y las organizaciones civiles han resentido los efectos de la pandemia, recortes presupuestales, desaparición de programas federales, desaparición de fondos prioritarios (como el de gastos catastróficos desde 2018) y la falta de recursos para atender a la comunidad de manera adecuada.
Estas limitaciones se traducen en una reducción de alcance para acciones fundamentales: prevención, pruebas, acompañamiento, insumos, campañas de sensibilización, marchas, visibilidad y activismo.
Escobar señaló que México atraviesa un proceso de transición en los esquemas de tratamiento. Históricamente se utilizaban antirretrovirales de tres fármacos como Biktarvy, pero actualmente se apuesta por la duoterapia, con medicamentos como Dovato, que emplean solo dos principios activos. Este cambio promete ser menos tóxico, reducir efectos adversos renales o hepáticos, y mejorar la calidad de vida de las personas, facilitando la adherencia al tratamiento.
Este año, el colectivo reporta los siguientes logros concretos de vinculación y acompañamiento: 15 personas vinculadas a servicios de salud. Apoyo a personas migrantes para garantizar su derecho a la salud, incluso en procesos de asilo.
7 personas acompañadas para acceder a profilaxis pre-exposición (PrEP)
5 para profilaxis post‑exposición (PEP)
2 vinculaciones para tratamiento antirretroviral, principalmente en transiciones entre sistemas médicos (como de IMSS‑Bienestar a IMSS o ISSSTE).
Este trabajo, enfatiza, se ha sostenido mayoritariamente con recursos propios: de amistades, aliados, donaciones individuales, dado que el financiamiento público para organizaciones de la sociedad civil fue prácticamente eliminado.
Un avance clave ha sido la reactivación del Consejo Estatal para la Prevención y Control del VIH inactivo por unos 15 años lo que ha permitido que la sociedad civil tenga al menos dos vocalías, y recuperar el acceso a insumos como pruebas rápidas y materiales de prevención comunitaria.
Para contextualizar el trabajo del colectivo, los datos más recientes sobre VIH en México muestran una situación compleja:
Entre 2014 y 2025, se han notificado más de 187 mil 596 casos de VIH en el país. De este total, alrededor del 84.4 % corresponden a hombres.
Hasta 2024, hay reportes de más de 202 mil personas viviendo con VIH o SIDA.
La mayor proporción afecta a personas de 25 a 39 años, lo que evidencia que la población joven y económicamente activa sigue siendo la más expuesta.
En 2025, en los primeros nueve meses se detectaron 12 088 nuevos casos de VIH, cifra que supera a la registrada en todo 2024, lo que pone en alerta sobre un posible repunte de la epidemia.
La tasa de mortalidad por causas relacionadas con sida se mantiene: en 2024 se reportaron casi 2 968 defunciones, lo que corresponde a una tasa nacional aproximada de 2.3 por cada 100 mil habitantes.
Un dato alentador: según reportes oficiales recientes, el 94 % de quienes viven con VIH y reciben tratamiento antirretroviral logran carga viral indetectable, lo que significa que no transmiten el virus.
Estos datos refuerzan lo que el colectivo ha señalado: aunque existe tratamiento disponible, la detección temprana, la prevención, el acceso a insumos y el acompañamiento social siguen siendo urgentes.
El colectivo exige al gobierno estatal y al Congreso local que regresen la mirada a la sociedad civil: que reconozcan su rol, financien su trabajo y doten de recursos para la prevención, educación, pruebas, insumos, terapias y acompañamiento.
Especial énfasis puso en una iniciativa pendiente: la derogación del artículo 302 del Código Penal del estado (que sanciona el supuesto “peligro de contagio”), presentada en la 64ª Legislatura y retomada recientemente pero aún sin dictaminar. Exigen transparencia, acceso a la información y que se concrete una obligación presupuestal estatal para diversidad sexual y VIH, similar a la que ya existe en otros estados.
Escobar advirtió que la falta de avances legislativos perpetúa la criminalización, el estigma y la vulnerabilidad de las personas que viven con VIH una pauta que obliga a la movilización social y a la exigencia de derechos desde la sociedad civil.
El panorama de VIH en México muestra que la epidemia está lejos de ser erradicada: nuevos diagnósticos aumentan, cientos de miles viven con el virus, y hay decenas de muertes cada año. Pero al mismo tiempo, gracias a avances médicos y al activismo comunitario, hay razones para la esperanza: la duoterapia, el acceso al tratamiento, la supresión viral que permite vidas largas y saludables, y la labor incansable de colectivos que sostienen la respuesta social.
Desde Tlaxcala, el llamado es claro: no basta con tener el tratamiento hace falta voluntad política, recursos y compromiso estatal para garantizar salud, derechos y justicia para las personas LGBTTTI+ y para todas las personas que viven con VIH.
