En sesión de Comisiones Unidas presidida por el diputado Silvano Garay Loredo, las y los integrantes de las comisiones de Asuntos Electorales y de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos aprobaron el Dictamen con Proyecto de Decreto derivado del expediente parlamentario LXV 077/2026, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala, con el propósito de fortalecer la protección de los derechos político-electorales de personas pertenecientes a grupos históricamente vulnerados.
La propuesta legislativa, presentada por la diputada María Aurora Villeda Temoltzin, plantea reformas a los artículos 6, 8 y 9 de la legislación electoral local, a fin de incorporar de manera expresa principios de igualdad sustantiva, no discriminación y protección frente a la violencia política, particularmente hacia personas que enfrentan condiciones de vulnerabilidad por razones de género, edad, discapacidad, orientación sexual, religión o cualquier otra condición que pueda derivar en exclusión o discriminación.
Las Comisiones dictaminadoras consideraron que la propuesta legislativa es congruente con los principios constitucionales y convencionales en materia de derechos humanos, igualdad y progresividad, además de que la misma atiende a criterios emitidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto a la necesidad de implementar acciones afirmativas que garanticen la participación efectiva de grupos históricamente excluidos de la vida pública y política.
Durante el analisis, señalaron que con esta actualización, el marco normativo electoral permite fortalecer las condiciones de convivencia democrática libres de violencia política y discriminación, además de garantizar el ejercicio pleno de los derechos político-electorales en condiciones de igualdad para todas las personas ciudadanas.
Tras la aprobación del Dictamen con Proyecto de Decreto, la presidencia de las Comisiones Unidas, instruyó su remisión a las presidencias de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado, a fin de continuar con el trámite legislativo correspondiente.
