Fabiola Márquez
La confianza ciudadana hacia el Poder Judicial de Tlaxcala atraviesa uno de sus momentos más delicados. La presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Fanny Margarita Amador Montes, colocó a la entidad en el penúltimo lugar nacional en aprobación ciudadana de presidentes de tribunales superiores, de acuerdo con el más reciente ranking de GobernArte.
Con apenas 13 por ciento de aprobación, Tlaxcala aparece prácticamente en el fondo de la tabla nacional, superando únicamente a Tamaulipas. El dato no solo representa una mala calificación para la titular del Poder Judicial, sino que exhibe el profundo desgaste institucional que enfrenta uno de los órganos más importantes del estado.
En una entidad donde la ciudadanía reclama justicia, transparencia y resultados, el bajo respaldo refleja el creciente distanciamiento entre el Poder Judicial y la población. Para muchos sectores, el tribunal se ha convertido en una institución fría, cerrada y alejada de las problemáticas reales que viven miles de tlaxcaltecas.
El golpe político también alcanza directamente a los integrantes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia: Anel Bañuelos Meneses, Mildred Murbartián Aguilar, Enrique Acoltzi Conde, Marisol Barba Pérez, Ricardo Rodolfo Trejo Ortíz y Mary Cruz Cortés Ornelas, quienes forman parte de un órgano que hoy enfrenta cuestionamientos por su desempeño y legitimidad social.
La medición deja mal parado al sistema de justicia de Tlaxcala en un momento particularmente sensible, marcado por el aumento de hechos violentos, denuncias ciudadanas y exigencias de mayor eficacia institucional. Mientras otros estados intentan fortalecer la confianza en sus tribunales, Tlaxcala aparece atrapado en una severa crisis de percepción pública.
Especialistas coinciden en que la aprobación ciudadana no solo depende de resoluciones judiciales, sino también de la capacidad de las instituciones para generar cercanía, transparencia y credibilidad. Sin embargo, los números revelan que el Poder Judicial tlaxcalteca ha fallado en construir esa conexión con la sociedad.
El resultado del ranking de GobernArte ya comenzó a generar críticas en distintos sectores políticos y sociales, pues consideran preocupante que el máximo órgano de justicia del estado figure entre los peor evaluados del país.
Hoy, más que una simple cifra, el 13 por ciento de aprobación representa un mensaje claro de desconfianza ciudadana hacia una institución que debería garantizar certeza, imparcialidad y justicia para todos.
