Fabiola Márquez
La defensa legal de Yazmín Ramos denunció públicamente una serie de presuntas irregularidades dentro del proceso judicial relacionado con la custodia de su hija, además de señalar actos de hostigamiento y vigilancia que, asegura, han puesto en riesgo la seguridad e integridad tanto de la madre como de la menor.
Durante la conferencia en la que se dieron a conocer los hechos, Yazmín Ramos estuvo acompañada por la activista Yeni Charrez, así como por otras defensoras de derechos humanos del estado de Tlaxcala, quienes han brindado seguimiento, asesoría y acompañamiento al caso desde que la mujer decidió regresar a México junto con su hija.
De acuerdo con la versión presentada por la afectada y su equipo jurídico, Yazmín Ramos habría sido víctima de violencia física y psicológica mientras residía en Chile por parte de Víctor Rubén, padre de la menor. Señalaron que, debido a estas circunstancias, tomó la decisión de regresar a México para protegerse y resguardar a su hija, situación que posteriormente derivó en una disputa legal por la custodia de la niña.
La defensa sostuvo que, desde su llegada al país, la madre ha enfrentado diversas presiones para que entregue a la menor y regrese a Chile. Según relataron, estas acciones han generado preocupación debido al contexto de violencia que, aseguran, existió durante la relación entre ambas partes.
Uno de los principales señalamientos realizados durante la denuncia pública estuvo relacionado con la actuación del juez Diego Rojas Mena, a quien la defensa acusó de haber realizado diversas acciones que consideran fuera de lo ordinario dentro del procedimiento judicial.
Yazmín Ramos dijo que su abogado se dio cuenta que , el pasado 6 de mayo se registraron una serie de movimientos procesales que llamaron su atención por la rapidez con la que ocurrieron. Detalló que ese mismo día se nombró representación legal, se solicitaron copias del expediente y además se promovió el cambio de una audiencia que originalmente estaba programada para el mes de junio.
La defensa señaló que dicha audiencia fue adelantada para el 28 de mayo, lo que calificaron como una actuación inusual dentro de los tiempos que normalmente maneja el sistema judicial mexicano. A consideración del equipo jurídico, esta situación amerita una revisión por parte de las autoridades competentes para determinar si el procedimiento se desarrolló conforme a derecho.
Asimismo, denunciaron que el juez Diego Rojas presuntamente habría mantenido comunicación telefónica directa con Yazmín Ramos con la finalidad de persuadirla para que entregara a la menor y regresara a Chile. De acuerdo con la versión de la defensa, durante dichas conversaciones se le habría advertido sobre posibles consecuencias legales en territorio mexicano si no accedía a esa petición.
El abogado de Yasmin sostuvo que este tipo de acercamientos resultan preocupantes debido a que, afirmó, una autoridad judicial debe actuar con absoluta imparcialidad y dentro de los canales institucionales establecidos por la ley. Por ello, adelantó que solicitarán que se investiguen estas presuntas conductas.
Los hechos tomaron un giro aún más delicado durante una reunión celebrada el pasado 28 de mayo, en la que participaron representantes del Sistema DIF y otras instituciones involucradas en el caso. En ese encuentro se acordaron diversas medidas cautelares enfocadas en la protección y bienestar de la menor mientras continúa el proceso legal.
Sin embargo, fue precisamente después de esa reunión cuando surgió una nueva preocupación para la familia. Según relataron, a la niña le fue entregado un muñeco que aparentemente era un regalo sin ninguna característica fuera de lo común.
Posteriormente, un teléfono celular emitió una alerta sobre la presencia de un dispositivo de rastreo cercano. Ante la notificación, la madre decidió revisar el juguete y, de acuerdo con su testimonio, descubrió que en el interior se encontraba oculto un localizador GPS.
La defensa afirmó que dicho dispositivo presuntamente tenía la capacidad de transmitir información sobre la ubicación en tiempo real, situación que generó alarma entre la familia debido a que consideran que podría haberse utilizado para monitorear sus movimientos sin consentimiento.
Tanto Yazmín Ramos como las activistas que la acompañan manifestaron su preocupación por las implicaciones que podría tener la presencia de este tipo de tecnología en un contexto de disputa legal por la custodia de una menor. Señalaron que el hallazgo provocó temor e incertidumbre, particularmente por la seguridad de la niña.
La activista Yeni Charrez expresó su respaldo a la madre y reiteró la importancia de que las instituciones garanticen la protección integral de las mujeres y de las infancias involucradas en procesos judiciales de esta naturaleza. Asimismo, destacó la necesidad de que cualquier denuncia relacionada con posibles actos de vigilancia o violencia sea investigada de manera exhaustiva.
Las defensoras de derechos humanos presentes también hicieron un llamado a las autoridades para que se privilegie en todo momento el interés superior de la niñez y se garantice que el procedimiento judicial se desarrolle con transparencia, imparcialidad y apego a la ley.
Finalmente, la defensa legal anunció que promoverá las acciones jurídicas necesarias para que se investigue tanto la presunta localización del dispositivo GPS como las supuestas irregularidades denunciadas dentro del proceso judicial. Indicaron que buscarán que las autoridades correspondientes determinen el origen del rastreador, las circunstancias en las que fue colocado y si existió alguna responsabilidad por parte de personas o instituciones.
Cabe señalar que los hechos descritos corresponden a los señalamientos realizados por Yazmín Ramos, su defensa legal y las activistas que le brindan acompañamiento. Será responsabilidad de las autoridades competentes llevar a cabo las investigaciones correspondientes y determinar si existieron o no conductas irregulares o responsabilidades legales derivadas de este caso.
