Fabiola Márquez
Las declaraciones de Rosalía Pérez Estrada, rectora de la Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPTx), en torno a los conflictos, riñas externas y conductas de riesgo entre estudiantes, dejan al descubierto una narrativa institucional basada más en el deslinde de responsabilidades que en una estrategia clara, integral y efectiva de prevención.
La rectora señaló que existe una comisión interna orientada a evitar “comportamientos no adecuados para un estudiante de educación superior”, con énfasis en el autoconocimiento y la autoestima. Sin embargo, el planteamiento se queda en el terreno discursivo, pues no se explican con precisión los alcances, resultados ni evaluaciones reales de dichas acciones. La prevención, cuando no se mide ni se transparenta, corre el riesgo de convertirse únicamente en un argumento defensivo.
Uno de los puntos más polémicos de su intervención fue el reconocimiento implícito de que las riñas y conflictos ocurren fuera de la institución, especialmente los jueves y viernes, cuando según dijo llegan personas en vehículos y con uniformes que “no son de los estudiantes” de la universidad. Bajo este argumento, la rectoría sostiene que no puede asumir que los involucrados pertenezcan a la comunidad universitaria, deslizando la responsabilidad hacia actores externos e incluso hacia estudiantes provenientes de otros estados.
No obstante, esta postura resulta problemática. Aunque legalmente la universidad no tenga facultades policiales fuera de su perímetro, sí tiene una responsabilidad social y preventiva sobre su entorno inmediato, más aún cuando reconoce patrones recurrentes de riesgo vinculados a días específicos, consumo de alcohol y concentración de jóvenes. Minimizar estos hechos bajo la premisa de la “falta de injerencia” refleja una visión limitada del papel que debe asumir una institución de educación superior.
La rectora afirmó que se han enviado oficios y sostenido pláticas con autoridades cercanas para solicitar apoyo como observadores ante posibles situaciones que afecten a los estudiantes. Sin embargo, nuevamente surge la interrogante: ¿qué resultados concretos han tenido esas gestiones?, ¿existen convenios formales?, ¿hay protocolos de actuación conjunta?, ¿o se trata solo de comunicaciones aisladas sin seguimiento?
Otro eje de su discurso fue el reiterado llamado a los padres de familia, a quienes según detalló se ha convocado desde septiembre de 2023, enero de 2024, septiembre de 2024, así como enero y septiembre de 2025 y enero de 2026. En estas reuniones, dijo, se les ha pedido apoyar el avance y comportamiento de sus hijos.
Si bien la participación familiar es importante, trasladar de manera constante la carga de la responsabilidad a los padres resulta contradictorio tratándose de estudiantes de educación superior, legalmente adultos, que pasan gran parte de su tiempo bajo la dinámica y regulación institucional universitaria. La insistencia en este recurso evidencia, más bien, la ausencia de una política interna sólida de control, acompañamiento y prevención.
La rectora también aseguró que se están habilitando áreas de esparcimiento dentro de la universidad para evitar que los estudiantes “salgan a tomar”. Esta afirmación, aunque bien intencionada, reconoce indirectamente que el consumo de alcohol es una práctica recurrente asociada a la vida universitaria, sin que hasta ahora exista un programa preventivo integral que articule salud mental, trabajo social, seguridad institucional y seguimiento académico.
El problema de fondo no es que la UPTx reconozca limitaciones, sino que su máxima autoridad parezca normalizar los riesgos, justificarlos por factores externos y responder con medidas fragmentadas, reactivas y poco transparentes. En ningún momento se habló de sanciones claras, de reglamentos aplicados con rigor, de estadísticas internas, ni de diagnósticos profesionales sobre consumo, violencia o deserción.
En suma, el discurso de la rectoría parece orientado más a proteger a la institución de señalamientos que a asumir con firmeza el liderazgo que exige una comunidad universitaria en crecimiento. La seguridad, el bienestar y la formación integral de los estudiantes no se garantizan con oficios, reuniones ocasionales o áreas recreativas improvisadas, sino con políticas claras, responsabilidad institucional y voluntad real de enfrentar los problemas sin rodeos.
Finalmente, porque cuando una universidad acepta que “no sabe” quiénes se pelean, quiénes consumen o quiénes generan riesgo en su entorno, el problema ya no es externo: es de gobernanza universitaria.
