Fabiola Márquez La presidenta municipal de Contla de Juan Cuamatzi, Ana Ivonne Roldán Xolocotzi, reconoció que su administración tendrá que “estirar el dinero” tras el embargo de 2.5 millones de pesos por un laudo laboral a favor de un extrabajador. Aunque lamentó que esos recursos ya no puedan destinarse a obras públicas, bacheo y reparación de socavones, queda la pregunta de qué hizo su gobierno para evitar que el conflicto llegara a este punto.
El expediente tiene antecedentes desde 2009 y un laudo emitido en 2014, por lo que la obligación no surgió de manera repentina. La antigüedad del caso obliga a revisar qué seguimiento recibió durante las distintas administraciones y qué medidas se tomaron para evitar que el pago terminara afectando el presupuesto municipal.
La alcaldesa aseguró que con los 2.5 millones de pesos pudieron realizarse al menos dos obras. Sin embargo, mientras pide ajustar los recursos, también debe explicar qué previsiones existen para cubrir los pasivos laborales y cuántos litigios similares siguen pendientes.
Roldán Xolocotzi anunció una denuncia contra la magistrada que intervino en el embargo, al considerar que se afectaron recursos federales inembargables. No obstante, serán las autoridades competentes las que determinen si hubo irregularidades, pues el dinero ya fue entregado al extrabajador.
A la controversia se suman cuestionamientos sobre la presunta influencia de familiares de la alcaldesa, incluido su hermano, en decisiones del municipio. Estos señalamientos requieren sustento y aclaraciones, pero también hacen necesario conocer quién interviene en las decisiones del Ayuntamiento y bajo qué atribuciones.
Con la administración acercándose a su etapa final, resulta indispensable aclarar por qué un conflicto de tantos años sigue teniendo consecuencias financieras y qué acciones se emprendieron oportunamente. Las explicaciones de última hora no sustituyen la obligación de transparentar los pendientes y rendir cuentas a la población.
¿Merece Contla que sus habitantes terminen pagando las consecuencias de adeudos acumulados y decisiones de administraciones pasadas? Antes de decir que hay que “estirar el dinero”, la alcaldesa debe explicar qué hizo para prevenir esta situación, qué otras obligaciones siguen pendientes y cómo evitará que nuevos litigios reduzcan los recursos destinados a las necesidades de la ciudadanía.
