Fabiola Márquez
Ante las recientes inconformidades registradas en diversas instituciones educativas de Tlaxcala, entre ellas la Universidad Tecnológica de Tlaxcala (UTT) y el Colegio de Bachilleres de Tlaxcala (COBAT) Plantel 04 de Chiautempan, el secretario de Educación Pública del Estado, Homero Meneses Hernández, hizo un llamado a privilegiar el diálogo, el respeto institucional y la observancia de la normatividad educativa para resolver cualquier diferencia dentro de las comunidades escolares.
El funcionario aseguró que la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) mantiene abiertas mesas de trabajo y canales de comunicación con estudiantes, docentes, directivos y padres de familia para atender las inquietudes que han surgido en distintos planteles, con el propósito de preservar la estabilidad académica y evitar afectaciones al desarrollo de las actividades escolares.
Al referirse al conflicto que se vive en la Universidad Tecnológica de Tlaxcala (UTT), donde estudiantes han manifestado diversas inconformidades relacionadas con la administración de la institución, Meneses Hernández señaló que las autoridades continúan escuchando a las distintas partes involucradas para construir acuerdos que permitan restablecer la normalidad y fortalecer el trabajo académico.
Asimismo, habló sobre la situación que enfrenta el COBAT Plantel 04 de Chiautempan, donde padres de familia y alumnos han expresado su rechazo al nombramiento de una directiva, situación que incluso ha derivado en advertencias sobre posibles movilizaciones o toma de instalaciones.
En ambos casos, destacó que la prioridad de la autoridad educativa es garantizar que las instituciones mantengan su funcionamiento, evitando que los conflictos afecten el derecho de los estudiantes a recibir educación.
“Lo importante es recuperar el sentido académico y colectivo de lo que sucede en las instituciones. Se seguirá escuchando a las distintas voces que participan en estos procesos para regresar a la normalidad y continuar con el trabajo educativo”, expresó.
El titular de la SEPE explicó que la Ley General de Educación reconoce ampliamente la participación de madres y padres de familia en la vida escolar, particularmente en temas relacionados con el bienestar de los alumnos, la convivencia escolar y el fortalecimiento de los procesos educativos.
Sin embargo, aclaró que la propia legislación establece límites específicos respecto a los ámbitos en los que pueden intervenir los integrantes de la comunidad educativa.
Uno de ellos corresponde al aspecto pedagógico, donde las decisiones relacionadas con planes de estudio, métodos de enseñanza y contenidos académicos son facultad de las autoridades educativas y del personal especializado.
Además, señaló que existe un ámbito de carácter laboral en el que se incluyen nombramientos, cambios de adscripción, designaciones de directivos y movimientos administrativos, los cuales deben realizarse conforme a los procedimientos establecidos por la ley y las instancias competentes.
Por ello, sostuvo que aunque las opiniones de estudiantes y padres de familia son escuchadas y tomadas en cuenta dentro de los procesos de diálogo, las determinaciones laborales no pueden resolverse mediante presiones externas, sino a través de los mecanismos institucionales previstos en la normatividad vigente.
Meneses Hernández reiteró que la dependencia mantiene comunicación permanente con las comunidades escolares donde se han presentado inconformidades, buscando construir acuerdos que permitan preservar la gobernabilidad institucional y la continuidad de las actividades académicas.
Añadió que la participación de todos los sectores es fundamental para encontrar soluciones, pero insistió en que las diferencias deben atenderse por las vías institucionales, privilegiando siempre el interés superior de las y los estudiantes.
Finalmente, hizo un llamado a la comunidad educativa a mantener el respeto y la disposición al diálogo, subrayando que las escuelas y universidades deben seguir siendo espacios de formación, entendimiento y construcción de acuerdos.
“Las decisiones deben tomarse con apego a la ley y pensando siempre en el bienestar de los estudiantes. Nuestro compromiso es escuchar a todos los sectores y garantizar que las instituciones continúen cumpliendo con su función educativa”, concluyó.
