Fabiola Márquez El director del Sistema de Radiodifusoras Culturales Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Jesús Astorga Reyes, presentó en Tlaxcala el proceso de consulta libre, previa e informada para la elaboración de la primera Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, una iniciativa que busca reconocer plenamente los derechos colectivos, la autonomía y la personalidad jurídica de estos pueblos.
Durante la presentación, explicó que la propuesta es resultado de años de trabajo y no de una iniciativa improvisada, ya que incorpora principios como la comunalidad, entendida como la base de la vida comunitaria mediante la ayuda mutua, el respeto, la organización colectiva y las tradiciones que fortalecen la identidad de los pueblos originarios.Astorga Reyes detalló que el proceso de consulta se desarrollará en cinco etapas.
La primera comenzó con la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación el pasado 29 de junio; posteriormente inició la fase informativa, durante la cual se recorrerán más de 16 mil comunidades indígenas del país para dar a conocer el contenido de la iniciativa y recibir observaciones de sus habitantes.
Indicó que la consulta contempla la realización de 82 asambleas regionales entre el 7 de agosto y el 3 de septiembre, además de mesas de trabajo en diversas ciudades con presencia de población indígena. Posteriormente, todas las propuestas serán sistematizadas para integrarlas al proyecto de ley, conformado por más de 450 artículos.
Explicó que, una vez concluida la consulta, el documento será revisado por el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y un Comité de Expertos, para posteriormente ser entregado a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el propósito de presentarlo ante el Congreso de la Unión el 12 de octubre, en el marco del Día de la Resistencia Indígena.
Los representantes del INPI señalaron que actualmente México carece de una ley general que regule de manera integral los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, pese a que la Constitución ya los reconoce como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, por lo que consideraron indispensable contar con un marco jurídico que garantice su libre determinación y autonomía.
Finalmente, destacaron que la iniciativa incorpora apartados específicos para proteger los derechos de los pueblos afromexicanos, así como de mujeres, niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas migrantes y adultos mayores indígenas, además de establecer mecanismos de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno y las autoridades comunitarias para fortalecer el ejercicio de sus derechos.
